Con licencia para destruir

Semanas atrás increpé la “potestad omnímoda” que cree tener la Fiscalía para imputar personas y procesarlas por delitos. Mi queja -que mantengo- radica en la libertad (sin responsabilidad ni limitaciones) que se le permite tener para iniciar procesos penales sin méritos o hacerlos extensivos a personas que nada tienen que ver con los hechos.

Casos hay miles y basta leer dos o tres “abstenciones” que luego hace la propia Fiscalía para entender que el caso nunca fue delito o la persona que procesó no tuvo vela en el entierro. Es decir, procesamientos inútiles -y en algunos casos injustos- que pudieron evitarse con el ejercicio prudente de una potestad pública o con mecanismos de defensa que permitan poner freno al abuso impune.

Los daños, incluyendo a la reputación, jamás son siquiera valorados como un asunto de importancia previo al procesamiento. Se promueven procesos penales selectivos para satisfacer el morbo público, para “quedar bien” ante la prensa, por coyuntura política y sí, también por corrupción.

Y nunca rinden cuentas. Es como si tuvieran derecho para ensuciar la honra ajena, para revolcar a los ciudadanos en el fango eterno que significa poner pie en el sistema penal del que no se sale limpio. Lo paradójico es que luego de ser faenados, muchos dan hasta las gracias porque siempre “pudo ser peor”.

Este problema empieza por una perversa concepción del sistema: creer que la decisión de formular los cargos (y con ello, el inicio del proceso penal) no es motivada. La Fiscalía debe, desde el momento mismo de la decisión, explicar las razones de la imputación y los elementos en los que la fundamenta, de modo singularizado a todos a quienes señala. Lo contrario supone la imperdonable indefensión de tener que escucharlos en el patíbulo de una audiencia, cuando ya es tarde y a modo de emboscada.

Defenderse es un derecho humano que garantiza estar debidamente informado y contar con el tiempo, y los medios para preparar su defensa. Los jueces deben romper la inercia que les produce su temor reverencial a la Fiscalía y hacer efectivo este derecho. Deben servir de ‘filtro’ para las arbitrariedades que más adelante terminan en cortes internacionales y con responsabilidad para el Estado.