Recordar el inesperado triunfo electoral, en la primera vuelta, del candidato Daniel Noboa en las anticipadas elecciones por la muerte cruzada, incidió en que el ganador exhiba un plan de gobierno poco elaborado y superficial, demore en seleccionar colaboradores y, frente a la gravedad del país que recibía, comenzó a improvisar de manera urgente. Una de las cualidades del ‘heredero’ es la capacidad de receptar los consejos de sus asesores, a diferencia de su antecesor Lasso, que solo tuvo empleados y en su mediocridad y autosuficiencia los subestimaba.

Se destaca primero el cuestionado acuerdo político por la gobernabilidad democrática que concertó con las dos mayores fuerzas políticas de la AN: PSC y RC. Logró lo que los dos regímenes que lo precedieron nunca alcanzaron por varios factores. Este acuerdo le daba buenas relaciones con el Parlamento y también la posibilidad de impulsar una serie de leyes de urgencia económica necesarias para su gestión del Estado (¿¡), aunque incumplía propuestas de su campaña electoral; y reducir, al máximo, desgastantes conflictos políticos que tuvieron sus antecesores. Centra el inicio de su corta gestión en la lucha contra la inseguridad, primera demanda de la sociedad, agravada por el desborde de violencia letal impulsada por el narcotráfico a través de los grupos delincuenciales organizados (GDO), que se concentraban en ocho provincias. A partir del 9 de enero promulgó el decreto de estado de excepción y el 11 el de estado de guerra interna, declarando a 22 bandas delincuenciales como objetivos militares, poniendo a las FF. AA. en las calles. Además, proclamó que esto es parte del plan Fénix, del cual no conocemos su integralidad ni las medidas de política social, sino solo su parte represiva. El acuerdo político permitió la promulgación de cuatro leyes económicas de urgencia, de corte fiscalista por la iliquidez estatal, pero con un miope cortoplacismo que lo presenta como un gatopardista, “cambiemos algo para que no cambie nada”; no hay medidas estructurales, lo que delata sus limitaciones políticas e intereses particulares. El crecimiento de la relación inflación-precios podría comprometer su campaña presidencial de 2025.