Ernesto Albán | El abuso de los informes reservados
El problema no es la existencia de información reservada. Pero exige motivación, proporcionalidad y límite temporal
La regla en una democracia es la publicidad. La reserva es la excepción. No se trata de una consigna política, sino de un principio jurídico básico. La información que producen las instituciones del Estado es pública por definición y solo puede declararse reservada cuando la ley lo permite y bajo condiciones estrictas.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) es clara. Solo puede calificarse como reservada la información que encaje en supuestos específicos previstos en la misma ley, como información de defensa, inteligencia o seguridad del Estado. La reserva, además, debe ser motivada, formalmente declarada por autoridad competente y tiene una característica esencial: es siempre temporal. No puede ser permanente. La ley exige un plazo y, vencido este, la información recupera su carácter público.
La lógica es evidente: si cualquier documento pudiera declararse reservado sin justificación legal y sin límite temporal, la publicidad dejaría de ser la regla. Por eso la Lotaip parte de una presunción clara: toda información pública es accesible, salvo excepción legal debidamente motivada.
Sin embargo, se ha vuelto frecuente que entidades públicas adopten decisiones relevantes sustentándose en “informes reservados”. Se anuncian medidas de seguridad, cambios institucionales o decisiones de alto impacto político apoyadas en documentos que no pueden conocerse ni contrastarse. Incluso se han declarado reservados contratos estatales y decisiones diplomáticas de evidente interés público.
El problema no es la existencia de información reservada. Hay casos en que es legítima: operaciones de inteligencia o datos cuya divulgación cause un daño verificable al interés público. Pero incluso allí la reserva exige motivación, proporcionalidad y límite temporal. No puede ser un refugio frente a la transparencia.
Cuando las decisiones públicas se adoptan sobre documentos que no pueden conocerse, la transparencia deja de ser la regla y pasa a ser la excepción. Y eso no es un detalle técnico: es una forma de ejercer el poder sin rendir cuentas.