Aprovechando la desmemoria colectiva, resulta que no solo han quedado en la impunidad los saqueos e incluso el intento de incendiar medio país, y principalmente Quito, que con el pretexto de protestas ‘sociales’ se produjeron en octubre de 2019 y junio de 2022, cuando en verdad eran movimientos sediciosos destinados a tumbar gobiernos. Como si eso no fuese ya suficientemente condenable, ahora se pretende que los desaforados sean indemnizados por el Estado, suerte de estímulo para que vuelva a pasar. Hasta ese límite se pretende llegar en el paisito.

No es broma lo de la pretendida indemnización. El pasado 18 de enero la asambleísta Silvia Patricia Núñez Ramos (Chimborazo, Revolución Ciudadana) presentó un proyecto de ley en el que, con la inconfundible trápala de que comisiones ‘de la verdad’ conformadas a guisa de investigaciones ‘defensoriales’ -la inexistente palabreja es decidora- organizadas por la Defensoría del Pueblo, dizque habían establecido la necesidad de reparar integralmente a las víctimas y sus familias (como si las víctimas de semejantes actos de delincuencia común fuesen sus propios autores), propone que “El Estado de Ecuador [reconozca] su responsabilidad directa en las violaciones de los derechos humanos sufridos por los afectados durante las manifestaciones de octubre de 2019 y junio de 2022”, agregando en consecuencia que dizque se requiere garantizar sin dilación, entre otras cosas, su derecho a la “reparación” (art. 2).

Y por supuesto que la tal reparación debe incluir “las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales de manera pronta, adecuada y efectiva” (art. 3), para lo cual no se le ocurrió sino que las supuestas víctimas ingresen a un “programa de reparación por vía administrativa a cargo de la Defensoría del Pueblo, que [tendrá] por objeto implementar las medidas de reparación, en el marco de sus funciones, atribuciones” (art. 4).

El Ecuador ya ha sido testigo, desde hace siquiera veinte años, de cómo en esa comisaría de barrio que era la tal Defensoría se armaban gigantes extorsiones contra empresas privadas, con el cuento de que se requería “calcular” colectivamente daños causados a sus usuarios, dinero que luego nunca les fue entregado, pues se lo embolsicó el Estado. Curiosamente ahora se pretende que el Estado sea la víctima de la adefesiosa propuesta presentada, indemnizando a los saqueadores, en lugar de que sean estos quienes reparen los millonarios daños que causaron al país.