Acolite

De los creadores de “Si van a robar, roben bien”, nos llega “Acolite con dos puestos, que yo tengo dos hermanos y tíos”.

Un asambleísta de la comisión de Fiscalización describe abiertamente y sin pudor, con cámaras y micrófono en mano, en su rendición de cuentas, cómo hay asambleístas en la comisión de Fiscalización que extorsionan a las autoridades, confesándolo públicamente: “Cuando queremos intereses personales, también lo hacemos y con más gusto”.

Este tipo de hechos tiene un nombre preciso tipificado en el Código Integral Penal: tráfico de influencias, concusión, cohecho pasivo agravado, oferta de realizar tráfico de influencias, que implica penas de tres a cinco años de cárcel, más inhabilitación para ejercer la función pública por un lapso de entre 10 y 25 años.

La Fiscalía y la Asamblea Nacional deben actuar

Asumo que la Fiscalía ya bautizó la noticia ‘criminis’ -podría ser ‘Caso Acolite’-; y que, pronto veremos los allanamientos y la toma de versiones en la Asamblea, pese a que la prueba principal ya fue confesada en una rendición de cuentas.

La Asamblea también tiene su obligación, pues la Ley de la Función Legislativa prevé para conductas delictivas de tamaña gravedad, incluso la pérdida de su calidad de legislador. La confesión pública de las referidas extorsiones a las autoridades debe provocar la acción urgente de la Asamblea para que, por sus hechos, no siga sentado en el hemiciclo legislativo.

Lo que ha pasado es una vergüenza nacional; aquí no hay periodismo de investigación, ni filtraciones, ni denuncias anónimas. Hay un asambleísta que describe en primera persona el mecanismo mediante el cual ‘miembros’ de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea operan como palanca de extorsión contra las autoridades. Aquí hay una confesión pública, voluntaria, grabada en video, con nombre y apellido y un curul asignado por voto popular.

El asambleísta le hizo el favor a la Fiscalía de mostrar el mecanismo; ahora el ‘Caso Acolite’ está en manos de la Fiscalía y de la Asamblea, y es su obligación hacer su trabajo, pues servidores como estos no deben representarnos por el bien de la ética pública.