De cartas públicas

La carta pública del presidente Noboa repite una fórmula, reitera lo del enemigo sin rostro, realiza promesas vacías de contenido, abusa de lo emocional y elabora dichos sin posibilidad de verificación, como fechas, documentos, etc. “Que se vayan presos los culpables… no los que la oposición desesperada quiere culpar”. Y la promesa de actuar “basado en Fiscalía y Contraloría” suena seria, hasta notar que en sus respectivas investigaciones, ambas, están dejando huecos más grandes que cráteres lunares. Dijo también: “Lo que no es ni justo ni correcto es que se quiera linchar a una Primera Dama joven…”. 

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Aquí la carta hace una gambeta. La pregunta es si el título es legítimo, pero la respuesta es que ella es simpática, su edad, género, labor social, todo, menos el punto central. Nadie está discutiendo sobre sus virtudes o defectos en fondo y forma, se discute si el título académico debió ser emitido o no. Gobernar no es redactar una carta para posicionarse en la agenda y ganar el día, es dar respuestas que soporten el escrutinio público.

En el tema Progen, era deseable que ordene la publicación de los contratos completos, anexos, adendas, actas de entrega/recepción (si existieran) y cronograma de ejecución. Que publique el listado de funcionarios responsables desde la jerarquía superior y por fases contractuales, incluidos el administrador del contrato, fiscalización, áreas técnicas y jurídicas. 

Que le pida a la Fiscalía la vinculación a las investigaciones y en fase de instrucción fiscal, a todos quienes siendo funcionarios públicos o privados coadyuvaron en mayor o menor medida a la realizar el posible peculado que se investiga. En fin, debió decir, pero no dijo.

La carta de Antonio Gonçalves

De otra parte, la carta del exministro Antonio Gonçalves sigue una lógica de defensa política y jurídica con varios elementos válidos. Construye una narrativa de persecución o imputación arbitraria: “me están procesando solo por haber ocupado el cargo”. Esa línea busca desmontar la teoría de autoría en peculado apoyándose en el principio de responsabilidad individual. 

Debe acreditarse un acto concreto, participación funcional o dominio del hecho. Se reitera que no hubo orden, ni pago, beneficio, disposición de fondos o acto específico atribuible a él. Separa su rol político de los espacios que tiene CELEC y su directorio en la ejecución administrativa, supervisión, certificación y ejecución técnica. 

En otras palabras, sostiene que el manejo operativo estaba descentralizado y no bajo control directo ministerial. Decir que estuvo tres meses en el cargo puede tener valor político, pero no excluye responsabilidad penal. No confronta la posibilidad de responsabilidad por posición, debiendo saber que la Fiscalía sostendrá una teoría de autoría mediata, omisión impropia, posición de garante o intervención funcional desde el nivel ministerial.

El texto sugiere que los verdaderos beneficiarios aún no han sido investigados, sin dar señas explícitas del tema. Como dijo Roberto Aguilar en este Diario: “Orozco (Byron) tratando de convencerles de que hagan su parte en el fraude dice: “Les soy sincero, la directriz que va a haber es que esta huevada no puede caerse…” ¿de quién esperaba esa “directriz”?, no se dice. 

O sea, lo que dijo Gonçalves lo dijo bien, pero, en lo que no dijo, más allá de una deuda al país, puede haber un mensaje encriptado. Quizás, como dice Fabián Calero en su carta, la directriz salió de “…uno de los exministros y asesores incompetentes… profundamente ambiciosos… y que utilizan el poder político como un escudo…”.

Finalmente, siendo también pública y sin perjuicio de algunas verdades dichas, no es dable analizar la carta de una madre, como la sra. Gioconda Henriques Aycart en relación a su hijo Aquiles, solo hay que sentirla.