La tiranía de la toga
Se cuestiona el alcance de las decisiones de la Corte Constitucional y se plantea reformar las reglas de la justicia constitucional
El alcance de las decisiones de la Corte Constitucional y su relación con la Asamblea Nacional genera un debate sobre la separación de poderes en Ecuador.
Montesquieu advirtió una verdad irrefutable: “Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites”. La separación de poderes no es una formalidad académica, sino la barrera que protege la libertad individual frente al despotismo. Sin embargo, en el Ecuador actual esta premisa sufre una transgresión sistemática. Ya no enfrentamos caudillos militares, sino un activismo judicial desproporcionado ejercido por los jueces constitucionales.
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Carlos Isaac Pino
Los riesgos del activismo judicial
El diseño procesal de nuestra jurisdicción constitucional presenta asimetrías peligrosas. En su dimensión pasiva, basta la voluntad de dos jueces de una Sala de Admisión para suspender, provisional e indefinidamente, los efectos de leyes aprobadas democráticamente, sin debate plenario y debilitando la presunción de constitucionalidad de la ley. En su dimensión activa, la intromisión judicial se transforma en una usurpación legislativa. Bajo una interpretación expansiva de la ley, la Corte Constitucional instrumentaliza sus fallos para imponer al Legislativo la aprobación de normas bajo plazos, estándares y contenidos previamente definidos por los magistrados.
Quienes defienden este activismo asumen erróneamente que proteger derechos justifica colegislar. Pero el fin no legitima medios inconstitucionales. Montesquieu observaba que “no hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con los colores de la justicia”. Paradójicamente, hoy afirmaría que nuestro Poder Legislativo, debido a estas injerencias de la Corte, ha quedado reducido a ser la boca muda que pronuncia la sentencia.
La necesidad de reformar la ley
La solución exige reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con rigor y sensatez. Delimitar las facultades de la justicia constitucional permitirá restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado y la institucionalidad. El sistema republicano y democrático, así como la libertad de los ecuatorianos, dependen de nuestra convicción para frenar los abusos de poder.
Sebastián Zaldumbide Mogollón
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