Según el Código de la Democracia, art. 278- 3, “los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral, cometen infracciones penadas con entre 11 y 20 salarios mínimo vitales y suspensión o destitución de los derechos de participación entre 6 meses y 2 años”. Todo el país vio al alcalde y prefecta de Quito convirtiendo sus instalaciones en refugio a tiempo completo de correístas y propaganda a favor de su candidata Luisa González, alias ‘Mama Lucha’, a quien consideraban segura ganadora de las elecciones. Juan Esteban Guarderas y Mónica Jaramillo, acusadores, solo tienen que proyectar los videos o rebuscar las oficinas y los pícaros estarán fuera. Pabel Muñoz, alias ‘Míster Glosa’, le debe al país $ 34’094.724,10 por dos glosas que tiene que pagar; se acabaron los pretextos y maniobras arteras para disimular el perjuicio a Tame, aerolínea que terminó quebrando. Pabón -y su Radio Pichincha- fue acusada de rebelión y peculado, manteniendo el grillete dos años, hasta que una amnistía mañosa perdonó los delitos a 268 procesados pillos y la libró del artefacto. El caso de Muñoz en el Tribunal Contencioso Electoral va pasando de mano en mano para demorar el proceso, o de recusación en recusación hasta encontrar al juez venal que declare la inocencia de los correístas . Una vez que el Gobierno ha declarado la guerra total a los forajidos y va teniendo éxito, sería bueno que no olvide a los infractores que gobiernan este Quito que merece otra suerte.

Carlos Mosquera Benalcázar