Cartas de lectores: Leyes, compras públicas y corrupción
Ecuador perdió $100.000 millones por corrupción en obras públicas; Gobierno propone reforma para transparentar contrataciones
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante el periodo comprendido entre 2007 y 2023, Ecuador perdió $ 100.000 millones por sobreprecios, desvío de fondos públicos e ineficiencia de obras, lo que aproximadamente representarían 700 hospitales y 8.484 escuelas o unidades educativas, siendo un terrible coste de oportunidad para nuestra sociedad.
¿Cuánto hubiéramos logrado si ese dinero se lo utilizaba con el propósito al que estaba destinado? Ni en los peores momentos que atravesamos, como fue la pandemia del COVID-19, la corruptela dejó de campear. Si bien existen procesos abiertos y algunos detenidos, se ve solo la punta del iceberg.
De ahí que transparentar los procesos de contratación pública es fundamental, por ello el Gobierno envió días atrás un segundo proyecto de ley económico urgente enfocado en la Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
El enfoque de esta normativa es eliminar el tráfico de influencias y favoritismos que se da en el Sistema de Compras Públicas, y acabar con las sospechas de sobornos y arreglos que debilitan la imagen del país.
El proyecto busca simplificar los nueve procedimientos existentes y dejar cinco, en donde el concurso abierto sea el que prime, dejando de lado las contrataciones de consultorías por vía directa, el procedimiento de lista corta, de cotización y de menor cuantía; además busca privilegiar el uso de sistemas tecnológicos más eficientes que garanticen confianza en los procesos, de modo que todas las contrataciones se realicen a través de licitaciones.
Cabe señalar que la propuesta de ley no incluye lo relacionado al régimen especial, subasta inversa y contratación directa, siendo los más usados en las compras estatales. Las funciones del Sercop también entran en la discusión, pues se considera que algunas de sus atribuciones ralentizan las contrataciones, de ahí que eliminar los criterios subjetivos bajo los que actúan los funcionarios es de suma urgencia.
Es vital una profunda reforma al sistema de contratación pública del país; son casi nueve mil millones de dólares anuales que mueve este rubro, es decir lo equivalente al 8% del PIB, una cifra significativa en especial si gran parte de ese recurso va dirigido a la economía popular y solidaria, pero termina en las manos de pocos, que pese a la desesperanza de un país, prefieren seguir lucrando de él. El desafío es importante, pero a grandes problemas, grandes soluciones.
Jorge Calderón Salazar
