José Serrano: de Balda y Gabela al caso Magnicidio FV, las acusaciones en su contra

Desde el 28 de agosto de 2026, José Serrano permanece recluido en la cárcel El Encuentro, en Santa Elena. El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional es procesado dentro del caso Magnicidio FV, que investiga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

Tras su detención, las hijas de Serrano han asegurado que su padre es víctima de persecución política. El propio exfuncionario también ha denunciado vulneraciones a sus derechos durante su permanencia en prisión.

Sin embargo, durante y después de su paso por el poder, Serrano también fue objeto de denuncias y señalamientos de exfuncionarios, políticos y otras personas. Los casos son distintos entre sí y no todos llegaron a la misma etapa procesal ni determinaron responsabilidad penal.

Víctor Rivadeneira denunció presuntos diezmos

En marzo de 2019, Víctor Rivadeneira, exasesor de Serrano en el Ministerio del Interior, presentó ante la Fiscalía una denuncia por presunta concusión. Lo acusó de supuestamente exigir aportes económicos a funcionarios mientras dirigía esa cartera de Estado.

Rivadeneira aseguró que entregaba $300 mensuales y que aportó alrededor de $2.000. También afirmó que quienes no realizaban los pagos podían enfrentar represalias, como despidos o amonestaciones.

Serrano rechazó las acusaciones y aseguró públicamente que nunca recibió dinero proveniente de supuestos diezmos. Incluso presentó movimientos de una de sus cuentas bancarias para respaldar su versión.

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Fernando Balda señaló a Serrano por su secuestro

Otro de los episodios estuvo relacionado con Fernando Balda, quien en julio de 2019 presentó una denuncia contra Serrano por su presunta implicación en hechos relacionados con su secuestro, ocurrido en Bogotá en 2012.

Balda sustentó parte de sus señalamientos en una grabación de una conversación atribuida a Serrano y Raúl Chicaiza, uno de los agentes sentenciados por el secuestro. Para Balda, el audio demostraría que el exministro conocía las acciones ejecutadas en su contra.

Posteriormente, Fiscalía abrió una investigación previa por presunto fraude procesal derivada del caso y solicitó información sobre los cargos ejercidos por Serrano. En enero de 2020, el exministro rindió su versión y calificó las investigaciones en su contra como una "persecución".

Por el secuestro fueron sentenciados los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Además, Rafael Correa y el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero fueron llamados a juicio. 

Galo Lara volvió a acusar a Serrano de persecución

El candidato a la Alcaldía de Quevedo por ADN, Galo Lara, ha señalado durante años a José Serrano como uno de los funcionarios que, según su versión, participaron en una persecución política en su contra durante el gobierno de Rafael Correa.

El enfrentamiento se remonta al caso Quinsaloma. Lara fue condenado a 10 años de prisión como cómplice del triple asesinato y salió del país. En 2014, Panamá revocó el asilo territorial que le había concedido y posteriormente fue extraditado a Ecuador.

Durante ese periodo, Serrano, entonces ministro del Interior, rechazaba que existiera una persecución política contra Lara y defendió públicamente su extradición.

Sin embargo, en diciembre de 2021, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó un recurso extraordinario de revisión y restituyó el estado de inocencia de Lara.

Tras el reciente ingreso de Serrano a la cárcel El Encuentro, Lara volvió a referirse al episodio y recordó las acciones que, según sostiene, se ejecutaron en su contra durante el correísmo. El exasambleísta ha señalado a Serrano y al exfiscal Galo Chiriboga entre quienes considera responsables de aquella supuesta persecución.

Un supuesto soborno mencionado en el juicio contra Carlos Pólit

El nombre de Serrano volvió a aparecer en abril de 2024 durante el juicio contra el excontralor Carlos Pólit en Estados Unidos.

El empresario Diego Sánchez Silva declaró ante una corte de Florida que habría entregado un soborno a Serrano. A partir de ese testimonio, Jorge Pinto presentó una notitia criminis y la Fiscalía ecuatoriana abrió una investigación previa que incluyó al exministro.

Serrano negó haber recibido ese supuesto pago y cuestionó públicamente las declaraciones de Sánchez, al sostener que no había presentado pruebas que demostraran sus acusaciones.

Patricia Ochoa volvió a cuestionar a Serrano por el caso Gabela

Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, volvió a cuestionar a José Serrano tras su deportación desde Estados Unidos y posterior ingreso a la cárcel El Encuentro.

Ochoa ha señalado durante años a Serrano por su actuación institucional alrededor de las investigaciones por la muerte de su esposo. Entre sus cuestionamientos está el manejo del informe elaborado por el perito argentino Roberto Meza, cuyo denominado Tercer Producto no fue localizado posteriormente en los archivos estatales.

En 2018, después de que Serrano rindiera su versión ante la Fiscalía, Ochoa cuestionó por qué el informe final de Meza tardó cerca de dos años en llegar al entonces presidente Rafael Correa. Serrano había formado parte del comité interinstitucional encargado de investigar el caso.

Tras el regreso de Serrano a Ecuador, Ochoa volvió a pronunciarse y sostuvo que el tiempo que le quede de vida no será suficiente para que "pague por el daño" que, según ella, ocasionó. El señalamiento corresponde a la posición de Ochoa y no implica que Serrano haya sido declarado responsable por el asesinato de Gabela.

Serrano ahora enfrenta el caso Magnicidio FV

El escenario judicial del exministro cambió nuevamente con la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Serrano figura actualmente entre los procesados dentro del caso Magnicidio FV, en el que la Fiscalía investiga la presunta autoría intelectual del crimen.

Su ingreso a El Encuentro vuelve a colocar bajo atención pública una trayectoria atravesada por denuncias, investigaciones y enfrentamientos políticos. Sin embargo, cada uno de estos antecedentes corresponde a expedientes y circunstancias diferentes, por lo que las acusaciones deben analizarse de acuerdo con las pruebas y decisiones judiciales adoptadas en cada proceso.