Herederos de Fernando Villavicencio recibirán pago de indemnización: ¿de qué se trata?
La convocatoria fue publicada por la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura. Hay un plazo máximo para entregar los documentos requeridos
Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, tras un mitin político en el contexto de las elecciones anticipadas de ese año.
Lo que debes saber
- Convocan a herederos de Fernando Villavicencio para cobrar reparación integral del Estado.
- El plazo máximo para entregar los documentos requeridos vence el 9 de noviembre de 2026.
- La indemnización responde a una sentencia constitucional por medidas cautelares de la CIDH.
La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Ecuador convocaron a los herederos del exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+) para tramitar el pago pendiente de una reparación integral ordenada por la Corte Constitucional. El llamado administrativo busca que los familiares presenten la documentación legal necesaria para liquidar la indemnización económica pendiente, la cual se originó tras el incumplimiento estatal de medidas cautelares internacionales otorgadas hace más de una década.
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Requisitos y plazos para los herederos de Fernando Villavicencio
Los familiares del exlegislador que aún no hayan comparecido ante las autoridades judiciales deberán canalizar sus trámites ante la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura.
Para acceder a la indemnización, los beneficiarios deben consignar los siguientes recaudos:
- Posesión efectiva: copia certificada del documento debidamente registrado.
- Información financiera: datos completos de una cuenta bancaria activa para efectuar la acreditación.
Cronograma procesal para la entrega de documentos
El proceso de acreditación y liquidación fijado por los organismos judiciales comprende las siguientes etapas y términos:
- Plazo inicial de entrega: los herederos podrán presentar los recaudos hasta el lunes 9 de noviembre de 2026, fecha en la que concluye el lapso de 15 días previsto a partir de la publicación oficial.
- Designación de procurador común: concluido el término anterior, se concederán cinco días hábiles adicionales para nombrar a un representante conjunto. Si no existe acuerdo, el monto se distribuirá proporcionalmente entre los comparecientes acreditados.
- Plazo para el desembolso: una vez cumplida la fase de acreditación, el Consejo de la Judicatura deberá efectuar el pago en un plazo de 10 días y remitir el justificativo respectivo ante la Corte Constitucional.
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Sentencia de la Corte Constitucional y antecedentes del caso
La obligación de reparación económica surge de la sentencia 25-14-AN/21 y acumulado, emitida el 29 de septiembre de 2021 por la Corte Constitucional. En dicho fallo, el organismo determinó que el Estado ecuatoriano incumplió las medidas cautelares concedidas mediante la Resolución 6/2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las medidas internacionales favorecían originalmente a tres ciudadanos:
- José Cléver Jiménez Cabrera
- Carlos Eduardo Figueroa
- Fernando Villavicencio Valencia (+)
En su dictamen, la máxima corte del país dispuso medidas de reparación y determinó que la Corte Nacional de Justicia es la entidad responsable del pago en equidad.
Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio.
Estado de las indemnizaciones y observaciones administrativas
En noviembre de 2025, el Consejo de la Judicatura canceló y acreditó las reparaciones integrales correspondientes a Carlos Figueroa y Cléver Jiménez, según verificó la Corte Constitucional.
No obstante, la indemnización asignada a Fernando Villavicencio continuó pendiente debido a su fallecimiento y a trámites administrativos relacionados con la posesión efectiva de sus sucesores, a pesar de que la entidad cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir el rubro.
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Adicionalmente, el tribunal constitucional determinó que existió un cumplimiento defectuoso por tardío en cuanto a las disculpas públicas ordenadas por la justicia, debido a que estas se ofrecieron casi tres años después del tiempo establecido y sin justificación oficial.
Para subsanar el cobro de la indemnización, la Corte ordenó una difusión pública de 10 días hábiles en las plataformas digitales y sitios web de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, permitiendo así la comparecencia de todos los herederos con derecho legal.
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