Gabriela Panchana formaliza denuncia por espionaje y pide auditar contratos de inteligencia estatal

La comunicadora, analista y consultora política Gabriela Panchana acudió a la Fiscalía General del Estado para formalizar una denuncia por el delito de interceptación ilegal de datos. La acción surge tras una notificación de seguridad emitida por la multinacional Apple Inc., la cual alertó sobre un intento de vulneración remota en su dispositivo móvil mediante un programa de espionaje de nivel estatal.

Una amenaza de alto nivel técnico y costo millonario

El escrito presentado ante la Unidad Nacional de Ciberdelitos detalla que la notificación de amenaza llegó al terminal iPhone de Panchana el pasado 13 de agosto de 2026. Según los datos provistos por el propio fabricante de la tecnología, el ataque intentó comprometer de forma remota la cuenta de correo y el dispositivo asociado a la consultora. La advertencia precisa que esta clase de cibertácticas, como el software Pegasus de NSO Group, poseen un costo de millones de dólares, operan de manera individualizada y se dirigen contra objetivos específicos en razón de su identidad o actividad pública.

Para descartar cualquier tipo de engaño digital o suplantación de identidad (phishing), Panchana realizó el protocolo oficial de autenticación en el portal institucional del proveedor. Tras verificar la autenticidad del aviso de amenaza, la analista procedió a la activación inmediata del Modo de Aislamiento (Lockdown Mode) en su equipo móvil, conforme a las recomendaciones de seguridad informática.

"El tipo de herramienta empleada no se encuentra disponible en el mercado común; su despliegue requiere de un alto poder financiero e infraestructura, lo que sugiere una clara intencionalidad dirigida a interferir en la esfera de intimidad de la víctima", sostiene la defensa de la comunicadora en su denuncia. 

Tipificación legal y conflicto de jurisdicción

El patrocinio legal de la denuncia, a cargo del abogado Pablo Encalada junto a los juristas Andrés Cevallos, Evelyn Ron y José Arteaga, encuadra los hechos en el artículo 230, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma sanciona con penas de tres a cinco años de privación de libertad a quien intercepte, grabe u observe contenido digital sin orden judicial previa. La defensa enfatiza que la reforma legal de 2021 protegió expresamente los datos almacenados en el interior de los dispositivos para hacer frente al cifrado de extremo a extremo.

Respecto a la competencia territorial, la demanda justifica la radicación del caso en Quito. Frente a la naturaleza transnacional del ciberdelito y la imposibilidad inicial de ubicar el domicilio del atacante o el punto exacto de la infraestructura desde donde se hacen operaciones de ciberespionaje.

Diligencias urgentes y rastreo a contrataciones públicas

Entre las peticiones remitidas a la Fiscalía destacan medidas técnicas de carácter prioritario para evitar la pérdida irreversible de pruebas volátiles:

El proceso continuará en la Fiscalía General con el reconocimiento sin juramento de la denuncia y la posterior fijación de fecha para el análisis forense del equipo telefónico entregado por la afectada.