Fiscalía exige la presencia física de Fabián Calero para tomar su versión en el caso Progen

La Fiscalía General del Estado aplica dos criterios para recabar versiones en el caso Progen. Mientras los procesados con órdenes de prisión preventiva vigentes han comparecido por vía telemática desde lugares desconocidos, al exgerente de Celec, Fabián Calero, le exige presentarse físicamente, una condición que supone su captura inmediata y que, en la práctica, bloquea la diligencia que él mismo solicitó.

¿Por qué unos declaran por videoconferencia y Calero solo puede hacerlo si es detenido? “Nos causa extrañeza que la Fiscalía exija la comparecencia presencial del doctor Calero. A otros, en iguales condiciones, les han enviado directamente los enlaces para la comparecencia telemática. Eso ha ocurrido incluso con funcionarios de Progen”, dijo Gonzalo Matovelle, abogado del exfuncionario.

Calero está citado para el próximo 11 de agosto a las 09:00, en el despacho de la Fiscalía N.º 4, en Quito. Su abogado adelantó que solicitará que se le otorgue el mismo trato que al resto de procesados y se le permita ejercer su derecho a la defensa por Zoom.

La doble vara de la Fiscalía General

Con otros procesados, como el técnico Celso Sánchez, quien permanece prófugo, la Fiscalía ha actuado de forma generosa. Sánchez amplió su versión por videoconferencia desde un lugar no revelado. Se usó esa declaración para que el abogado del ministro Roberto Luque, quien no está procesado, le formulara preguntas hasta que dijera: “querían la cabeza del ministro Roberto Luque”.

La frase fue usada posteriormente por la defensa del ministro para sostener la tesis de que existía un intento de involucrarlo en el caso. Luego, en la audiencia de apelación a la prisión preventiva, el fiscal Carlos Alarcón no se opuso a que se le levante la medida cautelar.

Una versión con hechos nuevos

Esta diferencia de trato adquiere relevancia por lo que Calero ya había anticipado. En un comunicado difundido en mayo, el exgerente aseguró que durante meses colaboró con la Fiscalía y entregó documentos, registros digitales (incluidos audios) y otros elementos que consideró relevantes para esclarecer los hechos. Según dijo, esa información nunca fue incorporada al expediente.

Además, dijo que inicialmente compareció como colaborador e incluso permaneció dentro del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, pero que posteriormente terminó incorporado a la lista de procesados.

En ese mismo comunicado anunció que expondría información sobre el caso para “esclarecer los hechos”. Con esa declaración anticipaba que su versión abordaría aspectos que, hasta ahora, no constan públicamente en la investigación.

Un chat del CEO que Fiscalía no investiga

Mientras tanto, la Fiscalía sí ha recibido versiones telemáticas de otros técnicos que también tienen órdenes de prisión, como Daniel Suárez, Luis Flores, Romel Llumiquinga, Marcos Poma, Marco Chicaiza y Javier Lasluiza.

Varios de ellos han denunciado presuntas presiones durante las inspecciones a los equipos vendidos por Progen, en septiembre de 2024, y han señalado directamente a Byron Orozco, exgerente de Termopichincha. Sin embargo, consta por escrito que Orozco solicitó protección para los técnicos y denunció las intimidaciones. En ese entonces, los técnicos no atribuyeron esas presiones a Progen. Por el contrario, informaron que habían sido amenazados por desconocidos. Pero hoy cuentan otra historia.

Byron Orozco, además, fue el funcionario que se negó a suscribir una adenda que eliminaba millonarias multas a favor de Progen. Y su nombre aparece en un chat, que Fiscalía no investiga, en donde el CEO de la empresa, John Manning, le decía a Luque que Orozco y otros funcionarios de Celec le solicitaban documentos técnicos antes de autorizar un desembolso de $ 69,5 millones.

Cierre de la instrucción fiscal: 20 de agosto

El próximo 20 de agosto termina la instrucción fiscal, si es que no se vincula a alguna otra persona. En esta etapa, la Fiscalía investiga y recaba elementos de convicción para demostrar la existencia de un peculado y la responsabilidad directa de los 21 involucrados, entre estos el exministro Antonio Gonçalves, quien también tiene orden de prisión preventiva. Por ahora, el Ministerio Público centra sus diligencias en la explotación de equipos como teléfonos y computadoras.