Denuncian a la ministra Inés Manzano por peculado en tres contratos eléctricos fallidos

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, enfrenta una denuncia por presunto peculado ante la Fiscalía General del Estado. La acusación, presentada por Tannia Zambrano, miembro del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, señala supuestas irregularidades en tres contratos de generación eléctrica firmados en noviembre de 2024 que terminaron de forma unilateral por incumplimientos.

Los proyectos eléctricos fallidos

La denuncia se concentra en tres obras específicas de la segunda tanda de emergencia eléctrica que no se ejecutaron. El primero es el proyecto San Juan de Manta (TMA), adjudicado al Consorcio Power Tech Consortium PTC, el cual Celec finalizó ante la falta de entrega de garantías y pólizas de seguro.

Los otros dos contratos corresponden a los proyectos Pascuales – E. García (EGU) y Esmeraldas IV. El primero vincula a la empresa Worlding S.A., mientras que el segundo involucra al consorcio conformado por la misma firma y ZRO Base México. En ambos casos, el Estado terminó unilateralmente los vínculos legales tras verificar que las obras no avanzaron.

Responsables y recursos públicos

Además de la titular de la cartera de Energía, la acción legal incluye a cinco personas más. Entre los señalados figuran Byron Orozco Moreno, exgerente de Termopichincha, sobre quien la Fiscalía prepara una imputación por peculado en el caso Progen; Salvatore Alacqua Mento, gerente de Worlding S.A.; Patricio Benalcázar Páez, exgerente de Termomanabí; José Moreno Salas, gerente de Power Tech Consortium; y Carlos Pérez Taday, exgerente de Electroguayas.

Zambrano explicó que la base de la denuncia es la protección de los fondos estatales. Según la activista, "hubo una entrega de recursos públicos sin que el país recibiera el producto final". La denunciante, además, cuestiona además posibles intentos de mediación para reactivar contratos que ya acumulaban multas y faltas contractuales graves.

Traslado de la causa a Quito

La denuncia, que se presentó en Guayaquil en febrero pasado, pasó recientemente a una fiscalía de Quito. En esta sede judicial, la denunciante debe cumplir, en los próximos días, el reconocimiento de firma y rúbrica. La divulgación del caso coincide con el 30 de abril, fecha en la que se prevé la salida de Manzano del gabinete ministerial.

El cambio de jurisdicción a la capital se da porque el caso será manejado por la Fiscalía de delitos contra la Administación Pública. El Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales sostiene que el mal uso de los recursos en el sector eléctrico debe recibir una sanción penal. La Fiscalía deberá determinar si existió dolo o negligencia en la gestión de estos proyectos estratégicos para enfrentar la crisis energética del país, que se suman a los otros proyectos fallidos con Progen y ATM.