Justicia
Corte Constitucional: Sandra Cordero asume tras renuncia del juez Raúl Llasag
El Pleno del organismo aceptó la dimisión de Llasag Fernández y notificó a la jueza elegible para asegurar la transición en la magistratura
Cambio: La Corte Constitucional del Ecuador resolvió que Sandra Garete reemplace a en la magistratura tras la salida de Raúl Llasag.
Lo que debes saber
- Sucesión: La salida de Raúl Llasag no deja un vacío legal, pues la designación de Sandra Cordero surge de una lista de elegibles preestablecida desde 2019.
- Continuidad: El juez saliente no abandona su despacho de inmediato; mantiene sus facultades hasta que la nueva jueza se titularice de forma oficial ante el Pleno.
El Pleno de la Corte Constitucional de Ecuador aceptó este lunes 4 de mayo de 2026 la renuncia del juez Raúl Llasag Fernández. A través de la Resolución 004-CCE-PLE-2026, adoptada en sesión extraordinaria, el organismo oficializó la salida del magistrado y activó de inmediato el proceso de sucesión para cubrir la vacante en la máxima instancia de control constitucional del país.
Designación de la nueva magistrada
Tras la dimisión, el presidente de la Corte Constitucional notificó a Sandra Cordero Gárate, jueza elegible según el listado de la Comisión Calificadora de 2019. Sandra Cordero Gárate aceptó el cargo y se integrará al Pleno una vez que concluyan los trámites de titularización correspondientes. Este relevo cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Continuidad en las funciones
Raúl Llasag Fernández permanecerá en su despacho hasta que su reemplazo asuma la titularidad de forma oficial. Esta medida busca garantizar una transición ordenada y evitar la paralización de las causas que conoce el organismo. El magistrado saliente ejerció sus funciones desde su incorporación en el año 2025, periodo en el cual participó en el fortalecimiento del sistema de protección de derechos.
Un contexto de presión a la Corte Constitucional
La salida del juez Llasag y la llegada de Cordero se da en un contexto marcado por constantes críticas del Poder Ejecutivo hacia la labor de los magistrados.
En medio de ese escenario, la Fiscalía General del Estado inició una indagación previa sobre el patrimonio de los jueces Alí Lozada y José Luis Terán. El proceso penal busca determinar el origen de fondos y bienes que, según sospechas preliminares, podrían constituir un enriquecimiento privado no justificado.
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