Caso Vocales: por cuarta vez se frustra el inicio del juicio contra exvocales

La audiencia de juzgamiento por el presunto delito de tráfico de influencias dentro del denominado caso Vocales volvió a aplazarse este 14 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). 

La diligencia debía instalarse contra los exvocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, así como contra el exjuez de Pichincha Vladimir Jhayya, pero no pudo desarrollarse debido a inconvenientes en la integración del tribunal.

Con esta nueva suspensión, ya son cuatro las convocatorias a juicio que no se concretan durante 2026 dentro de este proceso penal, que se mantiene abierto desde hace más de cuatro años.

Problemas en la conformación del tribunal

Según se informó durante la diligencia, el juez nacional Felipe Córdova solicitó licencia temporal y no existió un conjuez disponible para reemplazarlo. A esto se sumó la excusa planteada por la conjueza Marcy Alvarado, quien argumentó que participó previamente en decisiones judiciales relacionadas con una causa considerada conexa al caso.

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La magistrada explicó que intervino en el proceso conocido como Independencia Judicial, donde el tribunal del que formó parte resolvió recursos de apelación relacionados con el exjuez Walter Macías. 

Debido a la conexidad establecida entre ambos expedientes, sostuvo que su participación previa podría comprometer la objetividad necesaria para conocer el juicio del caso Vocales.

Ante este escenario, la conjueza Gabriela Mier, quien integra temporalmente la sala de juzgamiento, informó que no era posible resolver ninguna solicitud mientras el tribunal no estuviera formalmente conformado.

El proceso deberá esperar una nueva convocatoria

La continuación de la causa dependerá de que se designe un reemplazo para el juez Córdova o de que este retorne de su licencia. Una vez integrado el tribunal, los magistrados deberán resolver la excusa presentada por Alvarado y definir una nueva fecha para la audiencia de juzgamiento.

En la diligencia estuvieron presentes el fiscal general encargado Carlos Alarcón, representantes de la Procuraduría General del Estado, del Consejo de la Judicatura, así como los tres procesados y sus respectivas defensas.

El origen del caso

La investigación se remonta al 2 de junio de 2022, cuando, según la tesis de la Fiscalía, los entonces vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno, junto con el juez provincial Vladimir Jhayya y otros funcionarios judiciales, participaron en una reunión privada en Quito para abordar una acción de protección presentada por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.

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El caso surgió tras la divulgación de un audio grabado por la jueza Maritza Romero, quien aseguró haber entregado el material al entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. En la grabación se escucharía una conversación en la que se solicitaba respaldo para una decisión judicial relacionada con el futuro político de Llori.

Según la acusación fiscal, durante aquella reunión se habría pedido al entonces presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Gustavo Osejo, que resolviera favorablemente y con rapidez un recurso relacionado con la acción de protección presentada por la exlegisladora.

La Fiscalía sostiene que esos hechos configurarían una presunta intervención indebida en una actuación judicial, elemento central de la acusación por tráfico de influencias. El juicio, sin embargo, continúa sin arrancar formalmente debido a los reiterados aplazamientos registrados en los últimos meses