Caso Villavicencio: Fiscalía acusa a José Serrano de usar espionaje estatal para el magnicidio

La fiscal Ana Hidalgo dibujó el mapa del crimen de Fernando Villavicencio, este 1 de julio en el tercer día de la audiencia preparatoria de juicio.

Según su teoría, el crimen no fue un ataque aislado de sicarios comunes. Fue la concertación de siete personas, siete voluntades y muchos contactos en el mundo político-criminal.

En su exposición, la fiscal resaltó la conexión constante, durante más de dos años, de prófugos de la justicia, ex altos funcionarios del Estado y la cúpula de la organización terrorista Los Lobos. Un millón de dólares y un aparato de inteligencia estatal abrieron el camino para el magnicidio, explicó.

Fiscal dice que Jordán fue “núcleo decisor”

Para la investigadora, la iniciativa criminal nació de un “núcleo decisor” claro. La Fiscalía señala a Xavier Jordán como el motivador del plan. El detonante directo fueron las denuncias públicas que Villavicencio sostuvo, entre 2022 y 2023, sobre el manejo de negocios ilícitos y los vínculos de Jordán con el narcotraficante Leandro Norero (+) y múltiple delincuente Daniel Salcedo.

Para esta red, el candidato presidencial era una “amenaza política y económica”.

Serrano es acusado por usar red parapolicial

En este mapa, la fiscal dijo que José Serrano Salgado, exministro del Interior del correísmo, no tuvo un rol secundario. Al contrario, Hidalgo lo califica como el “proveedor de capacidades” estratégicas. Serrano, según ella, procesó la idea de Jordán y “la convirtió en una operación viable”.

Anunció tener testimonios que hacen referencia a llamadas y reuniones telemáticas, que ubican al exministro en el diseño logístico. Serrano aprovechó sus antiguos contactos en la Policía Nacional y en las agencias de inteligencia para trazar la rutina diaria del candidato, detectar sus vulnerabilidades y fijar los puntos críticos de su seguridad.

Sin este espionaje previo, el atentado habría fracasado, aseguró la agente fiscal.

Aleaga y Salcedo en un rol de conectores

Por su parte, el exasambleísta Ronny Aleaga, prófugo desde 2023, operó como el puente funcional entre la cúpula política y los operadores. Dijo que hay comunicaciones que revelan una relación estrecha con Jordán, quien incluso le facilitó un vehículo blindado para su movilización durante su gestión como asambleísta de la Revolución Ciudadana.

El rol de Daniel Salcedo fue el de conectar dos mundos: la alta política con el crimen organizado. Según su propia versión, admitió su participación en una reunión clave en la urbanización La Perla, en Guayas. Además, en otra cita presencial en Colombia, donde Serrano, según Salcedo, intervino por videollamada.

La Fiscalía acusó a los cuatro de autores mediatos, quienes habrían activado la maquinaria de Los Lobos. El dictamen identifica a Wilmer Chavarría, alias Pipo, como el director operativo criminal máximo. Hidalgo dijo que Pipo aceptó el encargo de ejecutar el magnicidio a cambio de un millón de dólares, una suma que los autores mediatos recolectaron de forma conjunta.

Cabecillas de Los Lobos, presentados como ejecutores

El plan lo completaron dos mandos medios de la banda: Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, hijastro de Chavarría y segundo al mando, responsable de la transmisión de órdenes a los gatilleros; además de alias Gordo Luis, comandante de la organización, asignado exclusivamente a la tesorería del crimen. Su tarea fue la recepción del millón de dólares y su posterior distribución entre sicarios, equipos de vigilancia, etc.

Defensa de Jordán apela a la evidencia materual

Juan Carlos Salazar, abogado de Xavier Jordán, desestimó la tesis oficial y argumentó que la teoría carece de evidencias materiales. El jurista enfocó sus críticas en el millón de dólares usado para el atentado. “Fiscalía dice que, gracias a Daniel Salcedo, el dinero se llegó a bancarizar. Si el dinero se bancarizó, deben existir cuentas, transferencias y evidencias. Eso, por más que busquemos, no lo vamos a encontrar en el expediente”, enfatizó. Para el defensor, la estructura jurídica de la acusación constituye un “castillo de naipes” que resulta incapaz de resistir un análisis técnico basado en pruebas documentales.