Fiscalía describe estructura del asesinato de Villavicencio: tres fases y roles definidos

La Fiscalía General del Estado presentó su dictamen acusatorio en el caso por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, en el que describe una operación criminal estructurada en tres fases y con la participación de actores políticos, financistas y miembros de una organización delictiva.

La exposición, a cargo de la fiscal Ana Hidalgo, se dio en el marco de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, luego de que el juez Giovanny Freire declarara la validez del proceso y rechazara los pedidos de nulidad planteados por las defensas.

Un esquema dividido en tres fases

La tesis de la Fiscalía sostiene que el crimen no fue un hecho aislado, sino el resultado de una planificación compleja dividida en tres etapas: planificación, ejecución y aseguramiento de impunidad.

Planificación: origen del atentado

Según la Fiscalía, la fase inicial estuvo liderada por el empresario Xavier Jordán, señalado como el principal impulsor y financista del asesinato, motivado por las denuncias públicas del candidato que afectaban sus intereses.

En esta etapa, el exministro José Serrano habría aportado contactos dentro de estructuras de inteligencia policial para obtener información sobre las rutinas de Villavicencio, mientras que el exasambleísta Ronny Aleaga habría actuado como intermediario político en la coordinación del crimen.

Daniel Salcedo, en tanto, habría cumplido un rol logístico al conectar a los autores intelectuales con la organización criminal Los Lobos y realizar seguimientos previos a la víctima.

Ejecución: el ataque en Quito

La Fiscalía ubica la ejecución el 9 de agosto de 2023, cuando Villavicencio fue asesinado a la salida de un acto político en Quito.

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En esta fase, Wilmer Chavarría, alias Pipo, habría dirigido la operación tras aceptar el encargo por aproximadamente 1 millón de dólares. Bajo su mando, otros integrantes de Los Lobos habrían coordinado la logística y ejecución del atentado.

El reclutamiento de los sicarios y la distribución del dinero habrían sido organizados mediante redes criminales y con el uso de aplicaciones encriptadas, dispositivos desechables y códigos para evitar rastreos.

Aseguramiento de impunidad: tercera fase

La tercera fase, según la Fiscalía, se activó después del crimen y estuvo orientada a obstaculizar la investigación.

De acuerdo con la acusación, los implicados habrían ejecutado acciones coordinadas para dificultar el esclarecimiento de los hechos y evitar que se determine la verdad procesal.

Según la fiscal Ana Hidalgo, la evidencia recopilada permite establecer que hubo encuentros previos, labores de vigilancia y seguimiento, así como una estructura logística que incluyó vehículos, inmuebles, armamento y recursos económicos. 

Además, se identificó el reclutamiento de ejecutores y el uso constante de aplicaciones de comunicación prepagadas para evadir controles y evitar ser detectados.

“Ya que se han identificado las personas en estas aplicaciones con códigos alfanuméricos o los famosos alias que se asignan a estas personas en las organizaciones. Lo que ha permitido determinar que estas funciones fueron encomendadas a cada uno de los participantes o intervinientes de esta estructura criminal en este atroz hecho”, anotó la fiscal encargada de la causa.