Caso Progen | EN VIVO: Instalan audiencia de formulación de cargos pese a pedidos de diferimiento

La audiencia de formulación de cargos del caso Progen, prevista para este jueves 14 de mayo de 2026 en la Corte Nacional de Justicia, comenzó con pedidos de diferimiento por parte de varias defensas. La Fiscalía General busca procesar a 21 personas por presunto peculado relacionado con los contratos para la adquisición de generadores destinados a las centrales termoeléctricas de Salitral y Quevedo.

Entre los señalados constan el exministro de Energía, Antonio Gonçalves; el exgerente de Celec, Fabián Calero; y el exgerente de Termopichincha, Byron Orozco.

Problemas en la instalación y pedidos de diferimiento

Hasta las 09:30, la audiencia aún no se instalaba formalmente. Antes del inicio, el juez Marco Vinicio Rodríguez Mongón debía resolver varios pedidos presentados a última hora.

Uno de los pedidos lo presentó Gladys Terán, abogada de Gonzalo Guerrón, exgerente de Termopichincha. La defensora afirmó que no contó con el tiempo suficiente para revisar el expediente, que, según indicó, supera las 20.000 fojas.

A esa solicitud se sumó la defensa de Carlos Villacís Moya, uno de los técnicos de Celec que visitó las instalaciones de Progen en septiembre de 2024, en Florida, Estados Unidos. Su abogada explicó que asumió el caso apenas un día antes y pidió más tiempo para conocer el expediente.

La defensa del exministro Antonio Gonçalves también solicitó suspender la diligencia. El abogado David Arias sostuvo que, para garantizar el debido proceso, la audiencia debía diferirse porque la empresa Progen no recibió una notificación adecuada. Además, señaló que el juez debe pedir una certificación a la Defensoría Pública para conocer si realizó gestiones para contactar a la compañía.

“Yo hablo por el señor Gonçalves, pero alerto de un vicio procesal que beneficiaría a la corrupta Progen”, manifestó Arias cuando el juez le preguntó si actuaba en representación de la empresa.

Víctimas se oponen a la suspensión

Durante la audiencia, Celec y el Ministerio de Energía y Minas, que actúan como víctimas dentro del proceso, se opusieron al diferimiento.

En la misma línea intervino el fiscal encargado Carlos Alarcón y la delegada de la Procuraduría. Señalaron que los procesados tuvieron tiempo suficiente para preparar sus defensas, pues fueron notificados el 6 de mayo.

Defensa cuestiona el alcance de la investigación

Minutos antes de la diligencia surgieron cuestionamientos sobre quiénes fueron incluidos en la investigación fiscal. Edwin Romero, abogado de un técnico de Celec que permanece en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, aseguró que su cliente entregó a la Fiscalía un audio de más de una hora que, según dijo, evidenciaría el interés de “altos cargos” por traer a Ecuador los generadores de Progen pese a advertencias técnicas sobre presuntas irregularidades.

Romero afirmó que su defendido elaboró un informe preliminar que advertía que los generadores presentaban partes oxidadas, una potencia de 0,7 cuando Celec solicitó 0,8 y un sistema de funcionamiento a dos tiempos, pese a que el requerimiento técnico exigía equipos de cuatro tiempos.

Según el abogado, el técnico comunicó estas observaciones a “altas autoridades”, pero solo una de esas personas aparece en el pedido de formulación de cargos de la Fiscalía.

“La Fiscalía sabe que el ingeniero, a través de correos electrónicos, alertó oportunamente a los altos mandos sobre estas novedades y pidió que no se realizaran pagos debido a que los equipos no cumplían las especificaciones técnicas”, sostuvo.

Cuestionamientos a Fiscalía y Contraloría

Romero también afirmó que, tras el informe negativo emitido por su cliente, Celec contrató una empresa para inspeccionar los generadores. Según su versión, la revisión se realizó mediante listas de empaque que no se compararon con las especificaciones técnicas del contrato. Con base en ese informe, según indicó, se autorizaron pagos por 104 millones de dólares correspondientes a los contratos de las centrales termoeléctricas de Salitral y Quevedo.

El abogado añadió que su cliente entregó documentos, accesos a correos electrónicos y colaboró durante la investigación previa para identificar a los presuntos responsables. Pese a ello, señaló que ahora enfrentará una imputación.

Fiscalía identifica a Gonçalves como autor de peculado

El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, comenzó la formulación de cargos en el caso Progen e identificó a 21 personas dentro de la investigación por presunto peculado.

Durante su exposición, señaló que Karla Julieta Saud Calero, accionista de Astrobryxa, y Andrew Scott Williamson, CEO de Progen, fueron imputados en calidad de coautores. El resto de procesados, entre ellos el exministro de Energía Antonio Gonçalves y el exgerente de Celec Fabián Calero, enfrentan cargos en calidad de autores del delito de peculado.

Según Alarcón, este grupo de personas se “aprovechó” de la emergencia energética para omitir procedimientos en las fases precontractual, contractual y de ejecución, con el objetivo de beneficiar a Progen, empresa estadounidense que, según la Fiscalía, no cumplía con los requisitos técnicos exigidos para la contratación.

El fiscal sostuvo, por ejemplo, que Progen no era fabricante de los generadores que debían implementarse en las centrales termoeléctricas de Quevedo y Salitral.

Fiscal dice que Gonçalves debía cuidar los fondos públicos

El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, realizó una exposición general de lo que se trata el caso Progen. En el caso de Antonio Gonçalves, no detalló el período en el que ocupó el cargo de ministro de Energía, que fue entre el 2 de julio y el 9 de octubre de 2024.

Según Alarcón, Gonçalves tenía la responsabilidad legal de velar por los recursos públicos debido a que el Ministerio de Energía ejerce la rectoría sobre Celec.

El fiscal sostuvo que, durante su administración, Celec ejecutó un primer pago de 69 millones de dólares a favor de Progen, pese a que los equipos no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.

Sin embargo, durante la imputación contra Gonçalves, Alarcón no informó al juez que los contratos relacionados con Progen comenzaron a gestionarse desde abril de 2024.

"Te vamos a matar”: la amenaza que recibió un técnico de Celec

Una de las revelaciones de la jornada fue un mensaje intimidatorio recibido por uno de los técnicos de Celec. Según relató el fiscal, uno de los miembros de la comisión técnica habría recibido una advertencia escrita tras regresar al país después de la inspección de los equipos en las instalaciones de Progen, en septiembre de 2024: "Te ubicamos y a tu familia, te vamos a matar por los contratos torcidos y a los demás".

La Fiscalía presentó esta información a través de la versión de Byron Orozco, exgerente encargado de Termopichincha, quien suscribió los contratos con la empresa estadounidense y hoy es procesado. En su versión, Orozco describió cómo se desarrollaron los procesos alrededor del contrato para el proyecto Salitral. Dijo que las fases precontractuales se ejecutaron en tiempos reducidos, en apenas dos días, bajo el amparo de las declaratorias de emergencia por la crisis eléctrica de 2024 y que el nexo con Progen ya existía desde antes de comenzar el proceso precontractual.

Orozco también señaló que una primera empresa verificadora certificó que los equipos adquiridos estaban en buenas condiciones, eran nuevos y pertenecían al fabricante. Sin embargo, una posterior inspección presencial realizada por técnicos ecuatorianos en instalaciones de Estados Unidos habría encontrado inconsistencias que despertaron dudas sobre los bienes contratados.

Técnicos de Celec encontraron oposición de Progen

De acuerdo con la versión presentada por la Fiscalía, los técnicos enfrentaron restricciones durante las visitas: no pudieron ingresar con teléfonos celulares y las inspecciones se realizaron bajo limitaciones que impidieron revisar completamente los equipos. El exfuncionario afirmó que únicamente se mostraban motores parcialmente visibles, mientras otros permanecían embalados para su traslado.

Las sospechas derivadas de esa visita llevaron a Orozco a comunicar las observaciones a la administración de Celec. Según la exposición fiscal, la respuesta habría sido que suspender el proceso podía poner en riesgo el abastecimiento energético del país y que se necesitaban pruebas concluyentes para tomar decisiones. Además, debido a las amenazas al técnico, el informe oficial de la inspección no se terminó de elaborar, pero habría un borrador.

La Fiscalía además incorporó un informe del Banco Central que registra seis transferencias internacionales hacia Progen Industries LLC. Entre ellas destacó un desembolso de 68,5 millones de dólares realizado el 1 de octubre de 2024. Sobre las otras cinco transferencias el fiscal Alarcón prefirió no referirse, pues estas ocurrieron bajo la administración de la exministra Inés Manzano, quien no está procesada en esta causa.

Los contratos fueron hechos a la medida, dice fiscal

El fiscal continuó con la presentación de las evidencias recopiladas durante la investigación. Aseguró que “los contratos fueron hechos a la medida”, pero, tras esa afirmación, no explicó quién contactó a Progen, quién la invitó a participar en el proceso de contratación de emergencia, cuáles fueron los funcionarios que trabajaron en los documentos preparatorios ni a quién se le ocurrió no solicitar una garantía de buen uso del anticipo y reemplazarla por el cumplimiento de tres hitos: la presentación de un packing list, un informe de inspección y una aprobación en fábrica.

En realidad, el fiscal centró su exposición en los hechos ocurridos entre julio y octubre de 2024, en especial en la inspección que técnicos de Celec realizaron en septiembre de ese año, cuando detectaron las primeras irregularidades. Según relató, la compañía AP Inspection encontró que varios equipos tenían placas que indicaban que los motores se fabricaron en 2009, pese a que Celec solicitó equipos nuevos fabricados en 2023.

Además, mencionó que Progen impidió las inspecciones a los motores con el argumento de que la extracción de los equipos de sus empaques implicaría la pérdida de las garantías.