¿Qué es el caso Progen? Las claves del presunto peculado en Ecuador
El caso Progen investiga un presunto peculado relacionado con contratos de generación eléctrica firmados durante la crisis energética de 2024

Rol. Progen firmó tres contratos de generación en 2024 para las centrales de Quevedo, Salitral y Catamayo.
Las claves del caso
- Fiscalía investiga caso Progen en Ecuador por presunto peculado tras contratos eléctricos firmados en 2024.
- Caso Progen indaga pagos públicos a Progen durante la crisis energética por proyectos que no operaron.
- Exfuncionarios y privados enfrentan cargos por contratos eléctricos fallidos durante apagones nacionales en 2024.
El denominado caso Progen, también identificado en el ámbito judicial como caso Apagón, se refiere a una investigación penal por presunto peculado vinculada a la contratación de generación eléctrica de emergencia durante la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024, marcada por apagones prolongados y racionamientos a nivel nacional.
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La Fiscalía General del Estado indaga la firma y ejecución de contratos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC, a la que se adjudicaron proyectos para instalar centrales termoeléctricas en El Salitral (Guayas) y Quevedo (Los Ríos), destinados a aportar 150 megavatios al sistema nacional.
El origen del caso
En abril de 2024, en medio de la emergencia eléctrica, el Gobierno declaró la urgencia en el sector energético y habilitó procesos de contratación directa. Bajo ese contexto, Celec suscribió contratos con Progen para la provisión e instalación de equipos termoeléctricos.
Sin embargo, los motores nunca entraron en operación en los plazos establecidos, pese a que el Estado realizó pagos anticipados.
Posteriormente, la Contraloría General del Estado emitió informes en los que alertó sobre presuntas irregularidades en la planificación, adjudicación y ejecución de los contratos, y estimó un posible perjuicio económico para el Estado de entre $100 y 140 millones, según los proyectos analizados.
¿Qué investiga la Fiscalía?
La Fiscalía centra su investigación en un posible delito de peculado, figura penal que sanciona el uso indebido de recursos públicos. El caso analiza si fondos del Estado fueron comprometidos o entregados sin que se cumplieran las condiciones contractuales, garantías técnicas y legales exigidas, en el marco de la emergencia.
Tras cerca de diez meses de investigación previa, el Ministerio Público solicitó audiencia de formulación de cargos contra 21 personas, en su mayoría técnicos y exfuncionarios del sector eléctrico, además de un exministro de Energía y representantes privados vinculados a la empresa contratista.
La Fiscalía presentó este miércoles 29 de abril de 2026 la solicitud para instalar una audiencia de formulación de cargos contra el exministro de Energía, Antonio Goncalves Savinovich, junto con otras 20 personas investigadas.
Implicados con fuero de Corte Nacional
Dentro del expediente, el Ministerio Público ubica a Goncalves entre los principales involucrados por su actuación al frente del Ministerio de Energía y Minas. Por haber ejercido ese cargo, la causa será conocida por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.
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En la lista de procesados también figuran exfuncionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), entre ellos Fabián Calero, así como empresarios vinculados al caso, como el estadounidense Andrew Scott Williamson, representante de Progen, y Karla Saud Calero, accionista de Astrobryxa y socia de Progen en Ecuador.
En el caso de Williamson, la Fiscalía pidió al Consejo de la Judicatura la designación de un perito traductor, con el fin de asegurar su derecho a la defensa.

El CAL negó el pedido del correísmo para llevar a juicio político a la ministra de Ambiente, Inés Manzano, por el caso Progen.
Los contratos bajo la lupa
Los acuerdos con Progen estaban destinados a poner en funcionamiento centrales termoeléctricas en un plazo máximo de 120 días. No obstante, informes técnicos y auditorías posteriores señalaron que los equipos no cumplieron con especificaciones contractuales, presentaron retrasos y, en algunos casos, nunca fueron plenamente operativos.
La investigación también revisa los procesos previos a la firma de los contratos, incluyendo estudios de mercado, términos de referencia, validaciones técnicas y decisiones adoptadas durante la declaratoria de emergencia.
Luque no fue incluido
El fiscal Alarcón, aspirante al cargo de Fiscal General del Estado, dejó fuera de la formulación de cargos al ministro Roberto Luque dentro del caso Progen. Esto ocurre pese a que durante su gestión se emitió una circular que establecía que Celec debía someter los contratos de emergencia a una revisión jurídica y técnica previa.
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Bajo ese mecanismo, la estatal no podía avanzar en contrataciones sin la autorización del delegado ministerial, José de Oliveira Allu, coordinador general jurídico del Ministerio de Energía, quien tampoco aparece entre los señalados.
Desde la defensa de Luque se argumenta que dicha disposición no tenía carácter obligatorio y que los contratos cuestionados se suscribieron después de su salida del Ministerio.
Además, Luque visitó la planta de Progen en Houston durante la etapa previa a la contratación de emergencia. No obstante, ha rechazado cualquier responsabilidad sobre presuntas fallas técnicas o sobre las condiciones de los contratos firmados durante su administración, entre abril y julio de 2024.
El caso Progen se ha convertido en uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a la crisis energética de 2024, por el monto de los recursos públicos comprometidos y por las implicaciones políticas, administrativas y penales que podrían derivarse de la investigación.