Litigio
Astrobryxa lanza cortina de humo para sellar información clave de Progen en el juicio de Florida
La socia de Progen en Ecuador intenta frenar la difusión de documentos con el argumento de una "propiedad interconectada" entre Celec, el Gobierno y Granasa
Astrobryxa fue contratada por Progen para que instalara los generadores eléctricos en Salitral y Quevedo III (foto referencial).
Lo que debe saber
- Acusación: Astrobryxa sostiene el Estado, a través de la Presidencia, es accionista de GRANASA y que el Ejecutivo utiliza investigaciones penales y administrativas para presionar a los directivos del medio y dirigir una supuesta estrategia de hostigamiento contra la compañía apoyada por el aparato estatal y mediático.
- Denuncia: Astrobryxa afirma que sus propietarios y sus hijos han sido objeto de "amenazas de muerte específicas y detalladas".
- Silencio. Astrobryxa solicitó al tribunal de Estados Unidos que suspenda la fase de intercambio de pruebas (discovery) hasta que se resuelva su petición de ir a un arbitraje confidencial.
La empresa Astrobryxa S.A., propiedad de Karla Saud y José Manrique, busca evitar a toda costa que los detalles del litigio entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y Progen Industries estén bajo el escrutinio ciudadano.
En su última réplica ante la Corte de La Florida, del 23 de abril de 2026, la firma insiste en la narrativa de que existen una "propiedad interconectada entre Celec, el gobierno ecuatoriano y Granasa S.A.".
Su argumento es que Celec es una empresa eléctrica pública y, al mismo tiempo, el Estado, a través de la Presidencia de la República, posee acciones en Granasa (2,56 %), la compañía dueña de EXPRESO.
El argumento del control editorial
Para justificar su pedido de reserva de la documentación y eximirse del "descubrimiento", una fase de revelación o intercambio de pruebas donde las partes comparten información, documentos y testimonios relevantes, Astrobryxa sostiene que el Ejecutivo utiliza su influencia para manipular la información que EXPPRESO publica.
La compañía incluso afirma que el Gobierno está "utilizando investigaciones penales, administrativas y fiscales para hacerse con el control del 40% de las acciones de Granasa". Por lo que, desde su visión, cualquier documento hecho público en el juicio será utilizado para "manipulaciones" en la prensa local.
Opacidad bajo la excusa de la seguridad
Además, la empresa insiste en que la divulgación de sus datos ha provocado amenazas que incluyen "fotos de los vehículos del Sr. Manrique, fotos del Sr. Manrique y la Sra. Saud y fotos de sus hijos". Bajo esta premisa, solicitan al tribunal una orden que los exima de "la obligación de responder al descubrimiento" hasta que se decida si el caso pasa a un arbitraje privado y confidencial.
Sin embargo, desde Celec se indica al juez que Astrobryxa "reformuló el significado" de las protecciones legales existentes para dilatar el proceso. Al intentar trasladar la disputa al hermetismo del arbitraje, la empresa evitaría que se ventilen detalles sobre su gestión, alegando que "el problema de la seguridad es una preocupación grave" en Ecuador.
Estrategia de dilación
Además de los ataques a la independencia de Granasa, cuya línea editorial crítica al gobierno no ha cambiano ni por la intervención ni por las investigaciones penales o intentos de apoderarse del 40 % de las acciones, la defensa busca extender los plazos hasta el 8 de junio de 2026. Esta insistencia en el arbitraje y la supuesta falta de garantías en el sistema judicial estadounidense, por la presunta filtración hacia medios ecuatorianos, está ahora en manos del juez, quien decidirá sobre estos pedidos.
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