Caso Blindaje: ¿qué pruebas comprometen al alcalde Vicko Villacís?

La investigación fiscal conocida como caso Blindaje pone bajo la lupa al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, por su presunta participación en una estructura de lavado de activos que habría operado mediante un entramado empresarial y financiero durante varios años.

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Uno de los principales elementos señalados en el expediente es la empresa Reypezpacific S.A., en la que Villacís tendría cerca del 98 % de participación accionaria. Según la Fiscalía, esta compañía habría registrado movimientos económicos de alto valor que ahora forman parte del análisis dentro del proceso.

Según los indicios recabados, esta firma habría recibido recursos provenientes de pagos realizados por Petroecuador en el contexto de procesos judiciales. Posteriormente, parte de esos fondos habrían sido transferidos hacia otras cuentas, empresas o personas vinculadas al entorno del alcalde.

Otra pieza relevante dentro de la investigación es Reyten, compañía en la que Villacís se desempeñó como gerente. Esta empresa habría recibido cerca de dos millones de dólares tras una acción de protección presentada contra Petroecuador, lo que también es examinado por las autoridades.

Tras ese desembolso, los investigadores identificaron movimientos inmediatos de dinero hacia distintos destinatarios, lo que levantó alertas sobre la naturaleza de las transacciones y su posible relación con un esquema más amplio.

Vicko Villacís: Fiscalía investiga movimientos de empresas ligadas al alcalde de Esmeraldas

Además, la Fiscalía señala que Reypezpacific habría actuado como intermediaria en transferencias dirigidas a terceros, incluidos familiares del alcalde, entre ellos sus hijos, así como personas cercanas a su círculo de confianza.

El expediente también menciona vínculos con otras compañías, como Pezymar Export S.A.S., que estaría relacionada con procesos por lavado de activos y con individuos investigados por presuntos nexos con estructuras delictivas.

Según la hipótesis fiscal, estas conexiones habrían permitido canalizar recursos a través de operaciones financieras y comerciales complejas, con el objetivo de dar apariencia de legalidad al origen del dinero.

Dentro del análisis también se identifican flujos económicos provenientes de entidades como King Trading Limited y el consorcio Torre VL-V1, que forman parte de las transacciones bajo revisión en este caso.

La Fiscalía sostiene que la estructura habría utilizado mecanismos judiciales, como acciones de protección, para obtener pagos millonarios desde Petroecuador, los cuales luego se habrían distribuido a través de distintas vías, incluyendo transferencias bancarias y retiros en efectivo.

En total, se estima que el esquema pudo haber movilizado entre 15 y 17 millones de dólares entre 2020 y 2025, mientras el proceso avanza en fase de instrucción fiscal.