Caso Blindado: Alcalde de Esmeraldas apelará la prisión preventiva por lavado de activos

La defensa técnica de Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, presentará en las próximas horas un recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva dictada en su contra dentro del denominado caso Blindado. 

Según detalló su abogado, Gustavo García, la misma medida judicial ya fue solicitada por los procesados Diego Montaño, Kléber Salcedo y Jorge Pinos, mientras que la causa vincula a otras cuatro personas.

Esta acción legal surge luego de que el pasado jueves 4 de junio, la jueza Silvana Velasco, de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, aceptara el pedido de la Fiscalía General del Estado. 

Durante la audiencia de formulación de cargos, la magistrada ratificó la prisión preventiva no solo para Villacís, sino también para Luis Reina Tenorio, Juan Alberto Lastre, Carol Lemos Hurtado, Jonathan Monte y los exjueces Salcedo y Pinos.

UAFE detectó transacciones inusuales en fallos judiciales

La investigación penal se originó a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas presentado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Con base en este informe, la Fiscalía sostiene la hipótesis de una presunta estructura delictiva integrada por funcionarios públicos, exservidores y particulares, orientada a canalizar recursos de origen ilícito.

El mecanismo de la organización habría operado a través de acciones de protección que involucraron a la empresa pública Petroecuador. De acuerdo con las pesquisas, las resoluciones judiciales que facilitaron los desembolsos económicos fueron revocadas posteriormente por la Corte Constitucional, al detectar irregularidades en su emisión.

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Fiscalía indaga desvíos millonarios y delitos precedentes

Entre los elementos presentados por el Ministerio Público constan pagos superiores a los 2,7 millones de dólares a una empresa, además de un proceso de reparación económica que superaba los 30 millones de dólares. 

Asimismo, la indagación profundizó en una acción de protección tramitada por extrabajadores de Petroecuador, la cual derivó en un desembolso estatal de 15 millones de dólares. La Fiscalía argumenta que parte de ese dinero se distribuyó entre profesionales del derecho y luego se transfirió a los terceros que hoy son procesados.

Finalmente, la teoría del caso señala que el presunto lavado de activos se sustenta en delitos precedentes como el cohecho, el prevaricato y el perjurio. En el ámbito del cohecho, las autoridades rastrean los beneficios económicos que habrían recibido los servidores públicos a cambio de los fallos. Tras la exposición de estos indicios, la jueza Velasco concluyó que existe la probabilidad de que los investigados hayan participado en el esquema de lavado de activos, dando inicio a la instrucción fiscal.

Abogado argumenta legalidad de fondos e indefensión

Frente a estas imputaciones, el defensor Gustavo García desestimó la validez técnica de la acusación y denunció que la Fiscalía mantuvo el expediente oculto bajo reserva judicial durante casi siete meses, impidiendo el acceso oportuno a las 5.000 fojas del caso. Según el jurista, esta situación dejó a su cliente en un estado de indefensión que afectó el derecho constitucional a la contradicción.

En el aspecto económico, García aclaró que los recursos cuestionados corresponden a honorarios profesionales legítimos percibidos por Villacís cuando ejercía como abogado en el libre ejercicio, tras patrocinar las causas laborales de los trabajadores de Petroecuador. 

Asimismo, enfatizó la ausencia de peritajes financieros y técnicos que demuestren la trazabilidad delictiva, puntualizando que el patrimonio del funcionario proviene de una empresa de comercialización de mariscos y descartando cualquier vinculación con el reciente incendio registrado en la Refinería de Esmeraldas.