Entre el blindaje y la transparencia: El candado a la información pública enciende el debate

El debate sobre la transparencia pública se encuentra en un punto de fuerte polarización. Mientras investigaciones y sectores de la sociedad civil señalan un paulatino cierre en el acceso a la información oficial, voces del análisis jurídico defienden la legitimidad de las decisiones bajo argumentos de seguridad nacional, protección de datos y fortalecimiento institucional.

En el último periodo, diversas medidas administrativas han encendido las alarmas sobre el derecho de acceso a la información. Entre los hechos más relevantes consta la resolución CNTEP-GGE-2025-0036-R de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), dictada en septiembre de 2025, que declaró confidencial por 15 años el acuerdo con la firma HealthBird.

Un patrón similar se registró en el programa social Jóvenes en Acción y en la compensación a transportistas tras el retiro del subsidio al diésel (acuerdos MIT-MIT-25-47-ACU y MIT-MIT-25-48-ACU), donde se impuso la figura de “reserva” sobre sus padrones y pagos a las cuentas.

A esto se suma la clasificación de “estrictamente confidencial” sobre los acuerdos y negociaciones con PowerChina (Sinohydro) respecto a la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair; así como las barreras implementadas en la Contraloría General del Estado, que restringieron el acceso público a las declaraciones patrimoniales de altas autoridades.

La defensa técnica y los argumentos de seguridad

Frente a estas críticas, el abogado y director del tanque de pensamiento Firmes, André Santos, sostiene que la gestión estatal debe evaluarse en función de la naturaleza sensible de los sectores involucrados y de los avances institucionales paralelos.

Desde esa perspectiva, las reservas en sectores estratégicos e instituciones claves responden a justificativos legales específicos de seguridad y secretos comerciales. “Respecto a la reserva de contratos del Ministerio de Defensa y de CNT, debe considerarse la naturaleza sensible de estas materias. La seguridad del Estado y el conflicto armado interno justifican una clasificación de reserva”. Agrega que en el ámbito corporativo de la CNT existe la necesidad de resguardar secretos comerciales.

En cuanto a la reserva de las declaraciones patrimoniales, que incluyen la del presidente Daniel Noboa, “el gobierno indicó que respondió a un pedido de un subsistema de inteligencia por motivos de seguridad, invocando la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales”, afirma Santos.

La mirada crítica: falta de voluntad Política

Desde el análisis político, la lectura es menos indulgente. La docente universitaria y analista política Sofía Cordero asegura que “no hay un rumbo real ni una voluntad de transparencia” como política de gobierno.

Si bien destaca que Ecuador cuenta con un marco normativo amplio, enfatiza la carencia de objetivos claros: “Ecuador es un país hipernormativizado, pero faltan objetivos y voluntad política”. Para ella, Ecuador da tropiezos en materia de gobierno abierto y, aunque hay acceso a tecnología, falta más interés.

Por su parte, el analista político Francisco Rocha considera que existe un uso indiscriminado de las causales de reserva. “El Ecuador tiene una Ley de Transparencia que debería ser suficiente para que cualquiera pueda acceder a la información pública, pero ahora tenemos otras normas para burlar esto: las declaraciones de secreto”, sostiene.

Rocha enfatiza que en materia contractual las excepciones deben ser estrictas: “Solo deberían ser secretos los contratos de seguridad nacional, no otros como los de salud pública. Lo único que necesitamos es que se cumpla la ley”.