La información: pública a medias pero nunca privada en Ecuador

Todo ciudadano tiene derecho a la privacidad, sobre todo en tiempos en los que la filtración de la información personal puede significar no solo un perjuicio económico sino la exposición a los grupos delincuenciales, que siempre están a la caza de una nueva presa fácil y carnuda. De esa preocupación deriva la queja de muchos quienes creen que la información privada de las personas naturales y jurídicas no está bien protegida en el Ecuador.

Exposición de balances y accionistas en la Superintendencia de Compañías

Entre los reclamos de estos críticos destaca que, a diferencia de lo que pasa en países como los Estados Unidos, aquí la información que las empresas reportan a las autoridades de control termina frecuentemente subida a portales de libre acceso, aunque estas no coticen en bolsa y sean únicamente de capital privado. Tal es el caso de la información que termina en la página de la Superintendencia de Compañías, donde se puede encontrar, sin tener que pasar por mayor trámite, la nómina de accionistas, los correos de contacto, los balances, estados financieros y un sinfín de datos de las empresas ecuatorianas, cosas que difícilmente pueden ser catalogadas como de interés público. Sí, ese es más o menos el estándar de transparencia de otros países de la región y el de los europeos, pero es difícil encontrar un beneficio para ese nivel de apertura fuera de la oportunidad de inteligenciar mejor a los actores del mercado, algo que aunque no deja de ser positivo, debe ser sopesado con las preocupaciones antes mencionadas en torno a la seguridad.

Secretismo estatal: leyes y trabas al acceso a declaraciones patrimoniales

Como esto es el Ecuador, este debate no ha llegado a los altos sitiales del poder público, donde más bien la preocupación de las autoridades es otra: cuidarse a ellas mismas. Por ejemplo, el año pasado ya quisieron los legisladores de la mayoría oficialista regresarnos al pasado noventero con la Ley de Inteligencia, todavía parcialmente suspendida por la Corte Constitucional, la cual incluía en su articulado la disposición de que la Contraloría General revisase e incinerase periódicamente los documentos relacionados a los “gastos especiales” (léase “reservados” y viájese a esa época accidentada y frenética).

El principio de transparencia frente a los funcionarios públicos

Es esa misma Contraloría la que este año ha pretendido que la ciudadanía tenga que ingresar sus datos para poder revisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, lo que muchos percibieron como una forma de amedrentamiento (aunque definitivamente eso se prestaba para alguna broma, imagínese ingresar algún nombre que usted quisiera que ellos lean), pero que sin duda fue un paso en la dirección contraria de la Constitución y la ley, que están atravesadas por un principio de transparencia. Ese principio no es ninguna innovación criolla. En todas partes se entiende que el escoger asumir una responsabilidad dentro del Estado conlleva a renunciar parcialmente a la privacidad en pro de garantizar que el ejercicio del poder que se adquiere pueda ser controlado por otros funcionarios y valorado por la ciudadanía, desincentivando, al menos en teoría, el enriquecimiento ilegítimo a costas de lo público.

El bloqueo temporal a las declaraciones del presidente Daniel Noboa

Pero la última (hasta ahora) ha sido la más tenaz. Hace unos días se hizo público que la Contraloría bloqueó el acceso a las declaraciones patrimoniales del presidente Daniel Noboa, justificándolo con una supuesta “solicitud de uno de los Subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia”. Cuesta mucho entender cuál podría ser una razón legítima para aquello. Todos sabemos que el presidente es muy rico. El alcance de su grupo familiar es conspicuo. La publicidad de sus movimientos económicos no lo exponen a un riesgo adicional al que no se haya expuesto ya.

Al final, el Gobierno mismo les dio la razón a quienes reclamaron y publicó las declaraciones patrimoniales, reculando sin ahondar en el supuesto argumento de la seguridad del Estado.

Falta de acceso a cifras oficiales y el debilitamiento de la transparencia pública

Con eso, un capítulo queda cerrado, pero sería ingenuo pensar que la tendencia de las autoridades por esconder la información que debería ser pública vaya a revertirse pronto. El tema no solo alcanza ámbitos personales o del gasto confidencial en seguridad estatal. Cifras laborales y de antecedentes penales entre las víctimas de homicidio llegan tarde o no lo hacen nunca, dejando a expertos y analistas a ciegas y debilitando el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Por ahora, parece que lo público no lo es tanto y lo privado tampoco. El Ecuador, como siempre, en la mitad del mundo y un mundo al revés.