Cancillería anuncia integración de peritos de Argentina a la investigación del caso Mónika Silva
El Gobierno Nacional comunicó quedos especialistas auditarán el proceso penal tras las denuncias previas de amenazas contra la víctima
Monika Silva era de origen polaco y residía en Santa Elena.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana confirmó este 15 de junio de 2026 la adhesión técnica de dos peritos médicos de Argentina a las diligencias forenses por la muerte de la activista Mónika Silva Koniuszek, hallada sin vida en el sector El Tigrillo de Montañita.
La solicitud de asistencia diplomática responde a un pedido del Ministerio del Interior para intentar inyectar rigor técnico al esclarecimiento del deceso. Según el documento oficial emitido por la Cancillería, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina aceptó la petición y designó a los especialistas forenses para que auditen los procedimientos en territorio ecuatoriano.
De manera paralela, el Estado remitió una solicitud formal a las autoridades de Polonia, país de origen de Silva, y se encuentra a la espera de una confirmación para adherir a sus especialistas a la mesa de investigación.
Contradicciones en la versión oficial
La gestión de cooperación internacional se ejecuta apenas días después de que el ministro del Interior, John Reimberg, instaurara públicamente la hipótesis de un suicidio motivado por supuestos cuadros depresivos. Esta aseveración se emitió de forma preliminar, sobrepasando las competencias de la Fiscalía y antes de contar con un informe forense concluyente.
La versión oficial chocó de inmediato con el historial de la víctima. Mónika Silva, presidenta de la Fundación La Integridad, reportó meses atrás amenazas directas contra su vida tras fiscalizar presuntos esquemas de tráfico de tierras en Santa Elena. Entre los expedientes que la ciudadana extranjera documentó figura la fallida venta de 93 hectáreas de terrenos municipales en La Libertad, además de alertar sobre la instalación de cámaras clandestinas de videovigilancia cerca de su vivienda.
Ante la presión de colectivos civiles y las inconsistencias de la escena, la Fiscalía General del Estado asumió el caso bajo el protocolo de investigación de muertes violentas.
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