Aplazan audiencia para que Fiscalía acuse a Argudo y su familia por posible enriquecimiento ilícito

El juez Jairo García suspendió la audiencia de formulación de cargos prevista para este 15 de julio de 2026, en donde la Fiscalía tenía previsto acusar a la exdirigente sindical del IESS, Rosa Argudo, seis familiares y una persona más, por el presunto cometimiento del delito de enriquecimiento ilícito.

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De acuerdo con la convocatoria, a la audiencia debían comparecer Rosa Angélica Dolores Argudo Coronel, Eulalia Maricela Terreros Argudo, Lourdes Angélica Terreros Argudo, Pablo Darío Terreros Argudo, Karina Alexandra Bernal Paredes, Edgar Franklin Rojas Torres, María Gabriela Campoverde Fernández y Rolando Miguel Argudo Tello, sin embargo la sesión se suspendió porque ya existía "una diligencia agendada con anterioridad en el despacho" del juez García. 

En la resolución judicial emitida la tarde del 14 de julio, horas antes de que se celebre la audiencia, se señala que la diligencia anterior no se podía reprogramar porque "dicha causa presenta un riesgo inminente de caducidad de la prisión preventiva".

Por ese motivo, el magistrado suspendió la convocatoria para la formulación de cargos contra Argudo y siete personas más y anunció que establecerá una nueva fecha.

Audiencia se pospone en medio de indemnización

Este miércoles había expectativa en torno a los elementos de convicción que iba a presentar el Ministerio Público en contra de Argudo y su círculo familiar debido a que el caso generó polémica en el Ecuador por el incremento patrimonial que no habrían podido justificar la exsecretaria del sindicato de trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sus tres hijos y dos sobrinos, quienes, además, laboraban en el Hospital José Carrasco Arteaga, en Cuenca.

De acuerdo con las auditorías de la Contraloría, se detectó un presunto crecimiento patrimonial superior a los 292.000 dólares, además de movimientos bancarios que superarían los 2 millones de dólares, durante el período analizado.

Las acciones legales previstas por esos hechos debían anunciarse en un contexto en el que la opinión pública ha cuestionado un fallo que favoreció a la dirigente, el cual dispuso que el IESS indemnice a Argudo con 47.915 dólares, tras una demanda por despido ineficaz.

El proceso iniciado por la exdirigente comenzó en el 2024, con el argumento de que la ahora procesada gozaba de fuero sindical, una protección que limita la terminación unilateral de la relación laboral por parte del empleador.

Impasse entre Neira y Castro por fallo para Argudo

La resolución legal, incluso, trascendió hasta el entorno del Gobierno de Daniel Noboa, en donde se generó un impasse entre el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, y el asambleísta del oficialismo (ADN), Adrián Castro. 

Esto porque el primero sostuvo que si no se acata la orden de un juez sobre la indemnización para Argudo, "se puede incurrir en incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente", mientras que el legislador de Azuay cuestionó que la exdirigente reciba "una bonificación por retiro voluntario, cuando salió con despido".