Allanamiento a jueces de la Corte Nacional por cohecho: qué se sabe del caso

Una investigación por presunto cohecho alcanzó a tres jueces de la Corte Nacional de Justicia luego de que la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaran allanamientos en varios inmuebles del norte de Quito para recabar evidencias relacionadas con una sentencia que favoreció a una empresa china con más de $59 millones.

Las diligencias se realizaron el 29 de julio de 2026 y forman parte de una investigación previa que busca determinar si magistrados de la máxima instancia judicial del país habrían recibido dinero a cambio de gestionar la emisión de una sentencia de casación. 

Según información difundida por la Fiscalía, los investigados son los jueces nacionales Milton, Patricio e Iván, quienes integraron el tribunal que resolvió un recurso de casación relacionado con una disputa judicial entre la empresa china China Railway y el Estado ecuatoriano.

La resolución ordenó el pago de aproximadamente $59,3 millones a favor de la compañía asiática, dentro de un proceso que se arrastraba desde años anteriores.

La pesquisa nace de una declaración del caso Plaga

La investigación tiene su origen en el caso Plaga, una trama de presunta corrupción judicial que ha derivado en múltiples procesos penales contra jueces, abogados y operadores de justicia.

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De acuerdo con la Fiscalía, el expediente se abrió a partir del testimonio anticipado de Michael Ismael Hernández, sentenciado dentro de esa causa. El colaborador habría relatado información sobre supuestas gestiones realizadas para obtener una sentencia favorable en el litigio que involucraba a la empresa china. 

Otros antecedentes  recuerdan que Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, había declarado en el marco del caso Plaga sobre presuntos pagos y favores dentro del sistema judicial relacionados con procesos de alto perfil.

El caso está vinculado a un litigio con China Railway

La controversia judicial se relaciona con un contrato suscrito en 2015 entre el Ministerio de Educación y la empresa China Railway para la construcción de unidades educativas provisionales. Tras la terminación unilateral del contrato en 2018, la compañía inició acciones legales contra el Estado ecuatoriano.

Años después, la disputa concluyó con una sentencia que reconoció una indemnización millonaria a favor de la empresa, fallo que ahora forma parte de la investigación por presunto cohecho.

Documentos, celulares y computadoras fueron incautados

Durante los allanamientos, los agentes levantaron como indicios computadoras, teléfonos celulares y documentos, que serán sometidos a pericias para determinar si existen elementos que respalden las sospechas de la Fiscalía.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre formulaciones de cargos ni detenciones relacionadas con esta investigación. El proceso continúa en fase de investigación previa.

¿Qué se investiga?

La principal hipótesis de la Fiscalía es que los magistrados habrían recibido beneficios económicos indebidos para influir en la emisión de una sentencia de casación favorable a la empresa involucrada.

El delito de cohecho, tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona a los servidores públicos que reciban o acepten dádivas o beneficios para acelerar, retardar, omitir o condicionar actos propios de sus funciones.