Ordenan suspensión de Petro como Presidente y se desata tormenta política en Colombia

Este 10 de junio de 2026 la política en Colombia dio un giro inesperado cuando se difundió un documento firmado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. 

Este auto de sustanciación ordena apartar temporalmente de su cargo a Gustavo Francisco Petro Urrego bajo la acusación de una presunta falta gravísima relacionada con la intervención en política, en plena carrera electoral. 

La investigación se fundamenta en los numerales de la Ley 1952 de 2019 que regulan el comportamiento de los servidores públicos en el país cafetero. El documento oficial indica que la suspensión se mantendrá vigente hasta el 21 de junio de 2026, día de la segunda vuelta presidencial, permitiendo el avance de las diligencias dentro de la comisión. 

Esta decisión ha sido calificada como inédita en la historia reciente de Colombia y ha provocado una inmediata reacción defensiva desde el Palacio de Nariño y otros sectores aliados que cuestionan la legalidad del procedimiento.

¿Qué figura lidera la comisión que busca suspender al mandatario colombiano?

En medio del caos informativo ha surgido con fuerza el nombre de Gloria Elena Arizabaleta Corral quien es la actual presidenta de la mencionada comisión legislativa. 

La funcionaria es una abogada nacida en Cali que ha desempeñado funciones importantes en la Fiscalía General de la Nación antes de dar el salto al Congreso. Su trayectoria profesional incluye labores en investigación judicial y acompañamiento a víctimas del conflicto armado en el territorio colombiano.

El papel de Arizabaleta ha ganado notoriedad debido a su pasado vínculo matrimonial con el embajador Roy Barreras aunque su carrera pública se ha desarrollado de manera independiente. 

Resulta llamativo para los observadores internacionales que Arizabaleta llegara a la Cámara de Representantes respaldada originalmente por el Pacto Histórico que es la coalición que llevó al poder al presidente Petro.

Actualmente la representante integra el movimiento Fuerza de la Paz y su firma en el auto de suspensión la ha colocado en el epicentro de la opinión pública internacional.

La respuesta de Armando Bendetti

La respuesta del gabinete gubernamental no se hizo esperar y estuvo encabezada por el Ministro del Interior Armando Benedetti. El funcionario ha seguido de cerca el impacto regional de la noticia y fue tajante al asegurar que el procedimiento carece de toda base legal vigente.

Benedetti manifestó que "en derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción". 

El jefe de la cartera política agregó que la voluntad de una sola representante investigadora no puede pasar por encima del diseño institucional del Estado y que el organismo no posee facultades para tomar determinaciones de tal magnitud.

Por su parte la senadora Angélica Lozano también se ha pronunciado de manera vehemente contra la resolución emitida desde la Cámara de Representantes. 

Lozano expresó su rechazo señalando que se trata de una "absurda resolución firmada por la presidenta de la comisión de acusaciones". La congresista recordó que la norma fundamental de los colombianos es muy clara respecto a quién posee la potestad sancionatoria sobre el primer mandatario. 

Lozano enfatizó que según el artículo 194 de la Constitución Nacional "sólo el senado puede suspender o destituir al presidente de la república". Bajo esta lógica el caso debería ser votado primero por la plenaria de la Cámara antes de llegar a un comité especial de senadores para su veredicto final.

El mencionado artículo 194 constitucional define las faltas temporales del presidente y condiciona la suspensión a la admisión pública de una acusación por parte de la cámara alta. La resolución de Arizabaleta advierte, sin embargo, que contra la medida no procede ningún recurso ordinario lo que bloquea de momento una respuesta jurídica inmediata por parte del Ejecutivo.

El historial de sanciones de Petro

Gustavo Petro ha enfrentado choques similares con los entes de control en el pasado. El episodio más recordado ocurrió en el año 2013 cuando fue destituido como Alcalde de Bogotá por la Procuraduría debido a irregularidades en el modelo de aseo. 

Aunque en esa ocasión recuperó su cargo tras una batalla en tribunales internacionales su trayectoria incluye otra suspensión en 2016 por decretos urbanísticos y multas fiscales que en conjunto superan los 3 millones de dólares.