Niñas contagiadas con VIH tras abusos sexuales: la grave denuncia que sacude a Perú

La situación de cientos de niñas y adolescentes en la provincia de Condorcanqui, en la región amazónica de Perú, ha generado indignación y preocupación dentro y fuera del país tras revelarse que más de 1.000 denuncias vinculadas a abuso sexual infantil, violencia de género y agresiones sexuales no han recibido una atención adecuada por parte del sistema judicial.

El caso afecta principalmente a las comunidades indígenas awajún y wampis, que habitan esta zona del norte peruano. Según datos recogidos por organismos especializados, desde 2014 se han acumulado cerca de mil denuncias, aunque algunas instituciones estiman que la cifra podría alcanzar los 1.400 casos.

La problemática volvió a tomar relevancia tras una visita realizada por una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocado por el Poder Judicial peruano para evaluar la situación.

Un problema estructural

La integrante del Mesecvi, Mónica Maureira, aseguró que durante la inspección encontraron evidencias de una problemática que supera el ámbito educativo y alcanza dimensiones estructurales.

Entre los hallazgos se reportaron casos de menores embarazadas, niñas con hijos producto de agresiones sexuales y múltiples intentos de suicidio entre adolescentes. Además, expertos señalaron que la falta de sanción a los responsables ha contribuido a la normalización de los abusos en algunas comunidades.

La denuncia también ha sido impulsada por el Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, liderado por Rosemary Pioc, quien sostiene que la escasa presencia de jueces y operadores de justicia dificulta la investigación y sanción de los casos.

Profesores acusados y procesos inconclusos

Un informe previo de la Defensoría del Pueblo de Perú identificó al menos 500 denuncias de acoso y abuso sexual en centros educativos de la zona. El documento también señaló que gran parte de los cerca de 170 docentes investigados por agresiones sexuales contra menores no ha sido procesada judicialmente, mientras que algunos fueron trasladados a otros establecimientos.

La falta de recursos ha sido reconocida incluso por autoridades del sistema judicial peruano. Según declaraciones, el sector dispone de apenas una fracción del presupuesto que considera necesario para enfrentar los problemas de criminalidad y administrar justicia en todo el país.

Alerta por contagios de VIH y salud mental

Uno de los aspectos que más preocupa a los organismos que visitaron la región es el impacto sanitario derivado de los abusos. Integrantes del Mesecvi reportaron casos de niñas de entre tres y cuatro años contagiadas con VIH como consecuencia de agresiones sexuales.

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De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú, entre 2014 y 2026 se registraron 190 casos de VIH entre jóvenes de estas comunidades. Además, la prevalencia de la enfermedad en la provincia es varias veces superior a la registrada en otras zonas del país.

A esto se suma una creciente crisis de salud mental, marcada por intentos de suicidio de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, situación que los observadores internacionales calificaron como urgente.

Reclamos por una respuesta integral

Las organizaciones indígenas exigen mayor presupuesto para investigar las denuncias, proteger a las víctimas y garantizar atención médica y psicológica permanente. También reclaman la construcción de albergues especializados para niñas y adolescentes afectadas por violencia sexual.

Mientras tanto, el informe preliminar del Mesecvi concluyó que el Estado peruano necesita fortalecer la coordinación institucional y destinar más recursos para evitar que la crisis continúe agravándose en una de las regiones más vulnerables de la Amazonía peruana.