Exministro español niega corrupción en juicio por compra de mascarillas en pandemia

El exministro de Transportes español José Luis Ábalos, clave en el ascenso al poder del socialista Pedro Sánchez, negó el lunes 4 de mayo de 2026, cualquier irregularidad en la compra de mascarillas durante la pandemia y cargó contra el intento de "politizar" el juicio en su contra.

"Fue un contrato más", dijo Ábalos al ser preguntado por el fiscal del Tribunal Supremo en Madrid por la adquisición de 8 millones de mascarillas presuntamente pactada a cambio de comisiones, en un juicio incómodo para el presidente del Gobierno y los socialistas, que quedará visto para sentencia esta semana.

El exministro de 66 años fue una figura central en el ascenso de Sánchez y el hombre más poderoso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde su cargo de secretario de organización.

"Fue una odisea traer mascarillas para todas las administraciones. Al menos nosotros las pudimos traer los primeros en España, y a un precio bastante inferior a la media del momento", declaró Ábalos, que fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021.

La compra de mascarillas "fue un éxito", sentenció, atribuyendo cualquier problema en los contratos a las urgencias del momento.

"Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios. Ahora, que contraten, tienen que contratar como ellos crean conveniente y sepan; yo no he contratado jamás", dijo sobre los técnicos de su ministerio.

"No he formado parte de ningún órgano de contratación jamás", añadió.

Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan en el banquillo de los acusados desde el 7 de abril por presunta corrupción en la compra de millones de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

También se les reprochan otras irregularidades, como haber presuntamente maniobrado para facilitar el rescate de la aerolínea española Air Europa, también en aquella época.

A cambio de todo ello, Ábalos logró presuntamente sobresueldos mensuales, el pago de vacaciones familiares, favores a sus amantes e incluso el pago de prostitutas.

Tras esta declaración, la última de los tres acusados, la fiscalía anunció que mantenía las peticiones de pena anteriores al inicio del juicio: 24 años para Ábalos, 19 años y medio para García, y 7 años para De Aldama.

Un juicio politizado, según Ábalos

Ábalos y Koldo García están en prisión preventiva, pero Aldama quedó en libertad provisional por haber colaborado con la fiscalía durante la instrucción.

En su interrogatorio, el miércoles pasado, Aldama aseguró que Pedro Sánchez estaba en el "escalafón 1" de la trama, y que el Partido Socialista se benefició de financiación irregular, aunque ninguno de los dos está en la causa.

Ábalos respondió este lunes que Aldama intenta "politizar una causa para eludir responsabilidades".

También cargó contra el Partido Popular, el primero de la oposición y responsable de la denuncia que está en el origen del caso juzgado, por hacer un "uso torticero de la justicia".

No hubo "ninguna malversación. Con estos antecedentes a mí me cuesta entender por qué la Fiscalía abre diligencias", argumentó Ábalos.

Sánchez ha restado importancia a su relación con Ábalos, pese a que este fue el cerebro de su ascenso y el diputado socialista elegido para presentar en el Congreso la victoriosa moción de censura contra el Gobierno del conservador Mariano Rajoy, que lo llevó al poder en 2018.

Pasarán probablemente meses antes de la sentencia, pero puede impactar en el año que queda de legislatura. Los socialistas están en minoría en el Parlamento y Sánchez necesita el apoyo de varios partidos que podrían estar bajo presión para darle la espalda y dejarlo caer.

El juicio ha reavivado el debate sobre el control que Sánchez tiene sobre su entorno, máxime cuando el sustituto de Ábalos como secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, también está investigado por corrupción y fue también apartado del partido.

Además su esposa Begoña Gómez está cerca de ir a juicio como sospechosa de haberse beneficiado de su posición para sus actividades privadas, y su hermano David Sánchez será juzgado en mayo por haber sido nombrado supuestamente a dedo para un empleo público.