Anuncios de Trump con dinero público fueron suspendidos por una jueza de EE. UU.
Una jueza de Nueva York frenó por 14 días los anuncios de Trump pagados con fondos públicos, tras una demanda que cuestionó su contenido político

Anuncios de Trump con dinero público fueron suspendidos por una jueza de EE. UU.
Una jueza federal de Nueva York ordenó el 11 de octubre de 2026 suspender los anuncios televisivos que promocionaban al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con dinero público. La medida exige cancelar los espacios pendientes de transmisión e impide comprometer nuevos recursos para los comerciales cuestionados.
La magistrada Jennifer L. Rochon emitió una orden de restricción temporal con una vigencia inicial de 14 días, que podrá ampliarse por decisión del tribunal. La resolución también paraliza los pagos futuros vinculados con la compra de publicidad objeto de la demanda.
La campaña comenzó a difundirse a finales de septiembre y contó con una asignación de 20 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su contenido provocó cuestionamientos sobre el uso de recursos de los contribuyentes para mensajes que destacaban al mandatario y sus políticas.
Una demanda cuestionó el uso de fondos públicos
La decisión responde a una acción judicial presentada por Common Cause, organización independiente de vigilancia gubernamental; el sindicato SEIU Local 32BJ; su comité de acción política Empire State 32BJ SEIU PAC; y Robert Hunter, candidato a la Cámara de Representantes de Alabama.
Los demandantes sostienen que el Gobierno destinó fondos aprobados por el Congreso para otros propósitos a una campaña con contenido político. Según su planteamiento, los anuncios excedían la función informativa de la comunicación institucional y buscaban influir en los votantes antes de las elecciones legislativas.
La controversia se centra, por tanto, en el origen del financiamiento y en la finalidad de los mensajes. Mientras la coalición cuestiona que una agencia federal haya pagado por publicidad favorable al presidente, la administración defiende los comerciales como una promoción del país y de sus políticas.
Durante la vigencia de la medida, las autoridades tampoco podrán suscribir, renovar o ampliar acuerdos para producir o transmitir los anuncios incluidos en el proceso. La orden alcanza a los funcionarios, empleados y contratistas que participen en esas actividades.
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Trump defendió los anuncios y anunció otro financiamiento
Los comerciales presentan al presidente respaldando sus políticas y contienen advertencias sobre el comunismo y los “globalistas”. Al terminar, incorporan un aviso que identifica al Gobierno estadounidense como responsable del financiamiento.
Ante las críticas, Trump calificó los espacios como convencionales y sostuvo que ofrecían una imagen positiva de Estados Unidos. También anunció que recurriría a fondos de su recaudación política para costear esa publicidad.
Esa posición fue retomada por la Casa Blanca al responder a consultas sobre el fallo. Por su parte, el Departamento de Justicia argumentó, en un escrito presentado el 10 de octubre de 2026, que la restricción era innecesaria porque la campaña estaba por concluir, según Associated Press.
Sin embargo, Rochon concedió la medida solicitada. Así, el anuncio de que los comerciales dejarían de financiarse con recursos públicos quedó acompañado de una obligación judicial de cancelar las transmisiones pendientes y detener los acuerdos relacionados con la campaña.
Una medida temporal antes de las elecciones legislativas
La resolución no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad de los anuncios. Su alcance inmediato es frenar el financiamiento y la difusión de los comerciales cuestionados mientras continúa el proceso.
El caso se desarrolla semanas antes de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre de 2026. Los demandantes sostienen que la publicidad puede favorecer a los candidatos republicanos y cuestionan que ese objetivo se financie con dinero de los contribuyentes.
La disputa mantiene abiertas dos posiciones: la coalición denuncia un uso de fondos públicos para fines políticos, mientras la administración presenta los anuncios como mensajes de promoción nacional. El tribunal deberá resolver el fondo de esas objeciones en las siguientes etapas del proceso.