Fue rechazado el recurso de apelación que presentó en julio pasado el Municipio de Guayaquil respecto a la sentencia dictada por una jueza de la Unidad Penal del cantón Quevedo, en la que declaró la vulneración del derecho al debido proceso, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la igualdad y derecho a desarrollar actividades económicas por parte de la empresa VST-Ecuavallas.

Este juicio nació luego de que VST-Ecuavallas recibió una comunicación por parte del Cabildo para pedirle que retire una de sus estructuras de más de 30 años levantada en la Pedro Menéndez Gilbert. Gabriel Muñoz, presidente de esta empresa, interpuso la acción de protección en junio pasado alegando que la entidad intentaba perjudicar el trabajo legal y “legalizar en cambio lo ilegal”. Esto último lo dice refiriéndose a las vallas que en Guayaquil han sido instaladas de manera anómala.

En este proceso (12283-2022-00643) se detalla que esto fue notificado el martes 8 de noviembre y que comparecieron Xavier Oquendo Pólit, abogado del Municipio de Guayaquil, y Raúl Llerena Guerrero, defensa de Muñoz.

EXPRESO revisó el portal de la Función Judicial y constató que el tribunal estuvo conformado por Vilma Andrade Gavilánez, Venus Loor Intriago y Julio Almache Tenecela en calidad de jueces ponentes. En el documento se observa que hubo un ‘voto salvado’ por parte de Andrade.

En el apartado del análisis de la vulneración de derechos, se leen argumentos como el que señala que “existe la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, al no aplicarse las normas reguladas para este tipo de procesos administrativos, que causan un perjuicio a la sociedad en general...”. Además, que “al no realizar el proceso administrativo para obtener la autorización de uso del espacio público, obviamente se reducen los tiempos y se exime del pago de impuestos, obteniendo un valor inferior, lo cual induce inclusive a causar un perjuicio al Estado ecuatoriano en la recaudación de fondos públicos...”.

Después de conocer estas conclusiones, EXPRESO se contactó con Muñoz, quien calificó esta nueva resolución como “un gran triunfo para la democracia”. “Lo es también para la empresa privada y para la defensa de los derechos. Se ha hecho justicia”, añadió el empresario, al hacer énfasis en que se ratificaron sus derechos.

“El siguiente paso es que tienen por orden del juez proceder al retiro de las vallas irregulares, al cobro de tres años de vallas instaladas; entregarnos nuestros permisos y que se nos permita seguir trabajando en libertad con todos nuestros elementos publicitarios y acatar las ordenes del juez”, precisó.

En tanto el Cabildo, con Viteri al frente, sabe del caso y tras un pedido de información (a finales de octubre) alegó que la empresa VST-Ecuavallas se encuentra ejerciendo sus “actividades amparándose en la presente acción constitucional”, subrayó Fernando Aizprua, jefe de Regulación del Espacio Público y Control de Vallas y Pantallas Publicitarias.

De igual manera, se solicitó un pronunciamiento ante el rechazo de esta apelación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta por parte del Cabildo.

En Guayaquil, el Municipio estableció un plazo de 18 meses para la regularización de los rótulos. Ese periodo, de acuerdo con la entidad, ya finalizó, por lo que iniciaron las acciones de desmonte de las vallas sin permiso o que no cumplen con las especificaciones técnicas.