Una supuesta amenaza por extorsión es la principal hipótesis que tiene la Policía en relación al asesinato del profesor universitario, Juan Carlos Olives Maldonado, de 38 años; registrado la semana pasada en Salinas, provincia de Santa Elena. El hecho, como publicó entonces EXPRESO, conmocionó a los educadores, además de a los peninsulares que están hartos de que se reporten tantos crímenes en el territorio.

Pero lo sucedido con Olives Maldonado no sería el único caso de intimidación que sufren los profesores en la Península. Desde el inicio del presente año lectivo se han registrado una serie de amenazas en distintos centros educativos; y en lo que va de este mes, las denuncias se centran ya en los docentes.

En las fiscalías de los cantones La Libertad y Santa Elena, por ejemplo, en los 23 días de este mes se han presentado ya dos denuncias por amenazas. Según las autoridades, pretenden cobrarles dinero a cambio de no hacerles daños a ellos ni a sus allegados.

Las víctimas son un hombre y una mujer que laboran en distintos centros educativos de la zona urbana, estos han recibido panfletos y mensajes de textos en sus teléfonos móviles o redes sociales. Los delincuentes pretenden cobrarles una cantidad de dinero mensual.

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Aunque son pocos los educadores que se atreven a denunciar existen más educadores que prefieren no avisar a las autoridades de lo que viene ocurriendo, según ellos mismos lo reconocen. Olives Maldonado, por ejemplo, no presentó ninguna querella en el Ministerio Público.

“Hay enorme preocupación por lo que viene pasando, pero todo está en manos de las autoridades. Lo que sí se ha solicitado es protección”, señaló Eleno Rosales, funcionario de la dirección distrital de Educación en Santa Elena.

Aunque las autoridades educativas peninsulares se negaron a dar información a EXPRESO de los casos de maestros que han sido amenazados por los delincuentes, este Diario supo que algunos educadores han solicitado el cambio de los centros educativos en donde actualmente laboran por considerar que están asentados en zonas violentadas.

“Se viene a trabajar con nerviosismo, la intranquilidad que tenemos es enorme. Ojalá que pronto se termine esta pesadilla”, señaló una educadora que estima que los malandros se aprovechan de los estudiantes para preguntarles todos los detalles de sus víctimas porque hasta conocen sus números telefónicos.

Las extorsiones al sector educativo se acrecentaron en la Península desde octubre de 2022 cuando docentes de la unidad educativa 11 de Diciembre, en el cantón La Libertad recibieron amenazas por mensajes de texto en sus dispositivos móviles. Los delincuentes exigían el pago de ‘vacunas’.

En agosto pasado la intranquilidad se apoderó de los profesores, estudiantes y padres de familia de la unidad educativa Virgilio Drouet Fuentes, ubicada en Santa Elena, cuando se encontraron panfletos en donde constaban los nombres de cada uno de los maestros, sus direcciones domiciliarias, los miembros de cada una de sus familias y hasta el colegio donde estudian sus hijos.

A cada educador se le exigía cierta cantidad de dinero. La Policía actuó para que las actividades se normalicen en la institución. En el colegio Americano, que funciona en los predios de la Universidad Estatal, sus alumnos en dos ocasiones en este año han sido evacuados por amenazas de bomba que supuestamente se había colocado en el edificio central.

En las dos unidades educativas fiscales que existen en el puerto pesquero de Anconcito, en Salinas, también se han reportado casos. “Lo que ocurre con los educadores es vox populi, la ciudadanía quiere soluciones por parte de las autoridades, pero nadie se las da. Ojalá el nuevo Gobierno haga algo. No sabemos ya a quién acudir”, señaló Drino Nieto, del colectivo Despierta Santa Elena, ente que viene exigiendo soluciones a las problemáticas de esta zona.

Tanto en la Policía como en la Gobernación de Santa Elena indicaron que existe un trabajo de inteligencia con personal especializado para dar con las bandas de extorsionadores, pero por ser un tema delicado no indicaron detalles. La ciudadanía piensa que de ese plan no existe nada. “Ese es el argumento que usan para mentirnos y decirnos que actúan, cuando en realidad nadie mueve un dedo por salir de esta problemática”, se quejó Aura Mendoza, madre de una menor que estudia en un centro educativo particular de Salinas.