Reimberg
Ministro del Interior, John ReimbergCortesía

Reimberg dice que los grilletes son de mala calidad y por eso el de Álvarez no sirvió

El ministro desmiente a la defensa del alcalde y asegura que el dispositivo "estaba hecho para no funcionar" y evitar alertas

La controversia sobre la detención del alcalde Aquiles Álvarez sigue. La tarde de este martes 10 de febrero, el ministro del Interior, John Reimberg, calificó de "ridiculez" los argumentos de la defensa del burgomaestre, que intentó justificar por qué Álvarez no portaba el grillete al momento del allanamiento del Caso Goleada.

El funcionario rompió su silencio sobre el caso Goleada en una entrevista con Radio Centro, refutando la primera versión del abogado Ramiro García, quien inicialmente sostuvo que el dispositivo podía retirarse para la carga de batería.

La contradicción de la defensa

En las primeras horas tras la detención, la defensa de Álvarez expuso una justificación operativa: el alcalde se lo había quitado para cargarlo. Sin embargo, horas después, tras conocerse el informe de la Fiscalía, García cambió la narrativa y aseguró ante los medios que su defendido "nunca se sacó el grillete".

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Reimberg desbarató esa teoría. "Comprenderá que es una ridiculez lo que están diciendo. Los grilletes no están hechos para que se tengan que retirar, para ponerlos a cargar. Peor, para irse a bañar", sentenció el ministro.

Más grave aún fue su denuncia sobre la integridad del sistema de vigilancia. Según Reimberg, la falta de una señal de alarma cuando Álvarez supuestamente se retiró el dispositivo no fue una falla operativa, mas sí una por defecto. "Son de muy mala calidad. Fueron adquiridos por ellos mismos  y es por eso que estaba hecho para que esto no funcione. Es por esa razón que no había la alerta de que se lo había retirado", explicó.

El titular del Interior confirmó que existe "evidencia necesaria" de que el dispositivo fue hallado separado del cuerpo del alcalde. "Él tendrá que responder porque él no estaba usando el grillete", concluyó, trasladando la responsabilidad legal directamente al procesado, quien ya enfrentaba medidas cautelares por el Caso Triple A.

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