"Prohibidos vehículos sin placa": Ciudadelas aumentan filtros de seguridad ante robos
Letreros y más órdenes rigurosas se implementan en barrios cerrados de Guayaquil, Daule y Samborondón
La delincuencia no da tregua, ni así caigan sus altos mandos. En Guayaquil, el asedio del hampa está en relación con el nivel de resguardo de sus vecindarios, o al menos los que pueden.
Entre rejas y letreros
Y estos todavía tienen margen para más. Recientemente se empezó a observar cómo en ciudadelas de La Aurora y en distintas zonas de Guayaquil y alrededores, empezaron a colgar letreros de “Prohibido ingreso a vehículos sin placa” o a exigir el porte de cédula al ingresar.
“Puede que ralentice la entrada a una ciudadela, pero en estos tiempos de inseguridad es necesario”, admite Paolo Chang, quien vive en Daule.
Su queja también arropa a familias como la suya, que hicieron una costosa inversión para vivir en un “ambiente seguro”, pero igual enfrentan escenarios de delincuencia. “Las autoridades son incompetentes. Tenemos dos UPC vacías, no hay patrullaje”, agrega.
Aunque su ciudadela ya no permitiría el ingreso a autos sin placa, sostiene que ese filtro no basta. “Hay que tomar en cuenta que a veces las placas se cambian, y la única forma de identificar bien el carro sería comprobando la matrícula, además de la placa”, le explica a EXPRESO.
En Álamos Norte está pasando igual. Por precaución, cuelgan letreros que advierten que cerrarán el paso a vehículos no identificables. “Esta zona, aunque modesta, conecta la Alborada con zonas peligrosas como Lomas de la Alborada, Los Rosales y las ‘de más arriba’”, indica Renatta Mesa
Ella opina que la actividad comercial ha expuesto a la ciudadela a ser estratégica para “malos elementos” y, por eso, hay cabida para nuevos filtros.
Limitar entradas y salidas
Limitar la movilidad también encaja en la estrategia. Así lo explica Valeria Alvear, de una ciudadela cerrada de Los Ceibos. “Más allá de automatizar con códigos inteligentes la entrada de residentes y visitantes, también cerraron ciertas entradas para obligar a pasar por las garitas”, dice, añadiendo que agradece que su barrio esté comprometido con la seguridad.
En la vía a la costa, 38 garitas de seguridad fueron recientemente interconectadas con radios otorgadas por la Embajada de Estados Unidos.
Las medidas se replican en Samborondón. En La Puntilla, su expresidente, Fernando Huamán, detalla que instalaron cercos eléctricos y concertinas, triplicaron las cámaras a 120 y reforzaron accesos con doble barrera vehicular, botones de pánico y restricción a autos sin placa.
En Urdenor se aplica una medida particular: desde las ocho de la noche no ingresa ningún motorizado por la garita. “Si pedimos comida, hay que ir hasta la garita. Lo hicieron por seguridad y lo apoyo”, cuenta Lucas Valarezo.
Sustento legal para aplicar las medidas
Sin embargo, no todo está del lado de los filtros. El abogado constitucionalista César García recuerda que este tipo de medidas, aunque impulsadas por la seguridad, pueden rozar derechos.
“Hay una restricción a la libertad de tránsito, que constituye un derecho de libertad, sustentado en la autonomía de las personas. Y estas restricciones solo pueden imponerse mediante ley”, argumenta.
Aun así, aclara que en contextos de inseguridad como el actual, estas decisiones pueden justificarse bajo el argumento de precautelar la seguridad colectiva. “El tema radica en que mientras no exista una ley, estas restricciones podrían ser sometidas a acciones constitucionales que ordenen, por ejemplo, que un vehículo sin placa pueda ingresar. Mientras eso no ocurra, las urbanizaciones seguirán aplicando sus reglamentos para impedir el ingreso”, concluye.
