Maestros sombra: Los padres sufren y pagan las facturas de la inclusión

“Hágase la idea de que va a tener un mueble más en su casa”. Así recibió Alexandra Plúas el diagnóstico de autismo de su hijo por parte de un neurólogo del IESS. En su intento por escolarizarlo, chocó con un ecosistema educativo deficiente: el niño pasó cuatro años en una escuela regular con una acompañante pagada por su familia, sin lograr siquiera identificar los colores. Ante las complicaciones, viajó de Quevedo a Guayaquil, huyendo de profesionales que incluso le sugerían taparle la boca a la fuerza para frenar sus crisis.

Rechazos en instituciones privadas por la condición

El escenario se repite. Alfredo Decker, padre de un niño con autismo grado dos, peregrinó por diferentes unidades particulares. En una le cerraron el cupo al mencionar el diagnóstico; en otra, condicionaron la matrícula a la firma de un acta para costear un acompañante externo. “Los profesores no saben cómo abordar al alumno y siempre le pasan el peso económico y logístico al representante. Si el niño siente rechazo del docente, no avanza”, lamenta Decker.

A este drama se suma una barrera burocrática. En mayo de 2026, el Ministerio de Educación emitió directrices sobre los profesionales externos en aulas. Aunque el documento señala que contar con este personal no es un “requisito obligatorio”, en la práctica elimina la figura del ‘maestro sombra’ y clasifica los apoyos como un “servicio complementario contratado de manera particular”. El rubro recae 100% sobre las familias.

La medida golpea la economía de una población vulnerable. Solo en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), existen al menos 974 alumnos con discapacidad integrados al sistema regular, según datos oficiales de 2024. Para consultar sobre el déficit de personal institucional y el rechazo en los planteles, EXPRESO solicitó una entrevista con la ministra de Educación, Gilda Alcívar. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Apoyos externos

Quienes palpan la exclusión de cerca son los centros de apoyo terapéutico. El Centro Enigma, que recibe a estudiantes neurodivergentes, atiende cada temporada a decenas de casos. Sus directivas estiman que, entre septiembre y febrero, llegan de 10 a 20 familias rechazadas por instituciones que les niegan cupos o imponen condiciones logísticas impagables.

María Fernanda Chang y Dánika Aguirre, directivas del centro, explican que el impacto financiero es asfixiante: una familia gasta más de $ 1.500 mensuales sumando pensión, terapias y tutor. Advierten, además, que al ingresar con apoyo, el docente regular suele desligarse. “El profesor asume que el acompañante es quien se encargará de incluir al niño”, señalan.

Enigma capacita a colegios bajo un modelo de desvanecimiento: adecúan el entorno, entrenan al docente y reducen progresivamente la presencia del tutor. No obstante, confiesan que existe resistencia en las escuelas cuando llega el momento de retirar al acompañante, por el miedo del profesor a quedarse solo en el aula.

Amparo legal de los padres

Ante colegios que exigen contrataciones costosas, ¿cómo se amparan los padres? Hernán Acevedo, abogado y docente de la UIDE, señala un vacío en la política pública. Explica que el Ministerio delega la inclusión a las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) y a los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Sin embargo, las UDAI operan solo para la red fiscal, obligando a las familias en la educación privada a pagar sus propios informes psicopedagógicos.

"Las familias no esperan que cambie la política, van a los jueces directamente. La vía que funciona es la acción de protección”, detalla Acevedo. El jurista recuerda que existe jurisprudencia de la Corte Constitucional (2021) que prohíbe a cualquier institución condicionar el acceso o permanencia de un estudiante con discapacidad. Reconoce también que falta soporte estatal para los padres que no pueden costear un especialista particular.

Un problema estructural

Para Andrea Bejarano, doctora en Innovación en Educación, y docente de la Universidad Casa Grande, la directriz ministerial agrava la crisis. Al exigir que el acompañante sea un “profesional”, el Estado le cierra la puerta a familias de escasos recursos que antes suplían ese rol con una madre o abuela.

“Las instituciones condicionan a que la familia contrate este apoyo, pero el sistema público nunca lo ha garantizado”, cuestiona Bejarano. Agrega que el déficit de las UDAI es alto y anula la inclusión. Advierte que las barreras no son solo físicas, sino curriculares: si el docente diseña una clase rígida, quien no aprende a su ritmo se queda fuera.

“Falta romper una historia de exclusión donde se patologiza lo diferente. Si un profesional considera que estos estudiantes no deberían estar en educación ordinaria, sus aulas serán espacios de segregación”, concluye.