Mercedes Robalino (60) se dejó extraer unas gotas de sangre de la vena de su brazo derecho para dejarlas caer sobre los pliegos de papel periódico colocados en los exteriores de la Corte Constitucional (CC) de Guayaquil. Al lugar acudió junto a otros maestros, para exigir que se levante la suspensión temporal de la vigencia de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que promueve cambios en la educación.

A pesar de la anemia que padece, la maestra con 25 años de experiencia en el magisterio fiscal resistió el pinchazo así como el estrés de la ajetreada jornada de protesta desarrollada en los bajos de la mencionada entidad, ubicada en Pichincha y 9 de Octubre, en pleno centro de Guayaquil.

Junto a Robalino también se desangraron los maestros Pedro Delgado, Carlos Murillo y 10 compañeros más.

La reforma a la LOEI fue aprobada por la Asamblea Nacional en marzo pasado. No obstante, el 19 de abril, un ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad por considerar que dicho cuerpo legal vulnera la Constitución al crear prestaciones sociales que no están financiadas y que amenazan la sostenibilidad de la seguridad social en el país.

Para cubrir los beneficios que se plantea en dicha ley, se requieren $ 3.000 millones de ingresos permanentes. El actual Gobierno atraviesa una crisis económica iniciada en administraciones anteriores, por lo que al no existir los recursos se allana al dictamen de la CC.

En mayo, la CC admitió a trámite la demanda contra la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y concedió la medida cautelar de suspensión provisional hasta que se resuelva la causa.

La reforma a la LOEI establece, entre otras cosas, un salario mínimo de 1.000 dólares para los profesores; el retorno del bachillerato por especialidad; el reintegro de docentes que fueron desvinculados en la pandemia; políticas públicas para la prevención de la violencia escolar; jubilación de docentes con 30 años de servicio sin límite de edad, etc.

Los maestros han ejecutado diferentes jornadas de protestas para lograr sus objetivos. La de ayer comenzó con una concentración en la plaza San Francisco donde expusieron su malestar a la decisión de la CC.

“La demanda de inconstitucionalidad es contra los artículos relacionados a la jubilación y sueldos de los maestros públicos; pero la suspensión total de la ley implica que otros puntos también permanezcan en suspenso”, dijo Hilario Beltrán, presidente de la UNE-Guayas.

El dirigente señala que la reforma es constitucional y que no solo beneficia a los maestros. También a estudiantes que quieren una mejor educación; y a los padres de familia, que estarán tranquillos de que sus hijos se eduquen en ambientes libres de violencia.

María Eugenia Rodríguez, presidenta de la UNE-Guayaquil, aseguró que la LOEI restituye los derechos de los maestros que fueron rezagados y violentados durante la década del gobierno de Rafael Correa.

“Lo que la Asamblea hizo al aprobar la LOEI fue un acto de reparación frente al perjuicio económico y social causado por el correato al incumplir la equiparación salarial vigente desde el 2016”, agrega Benito Buri, maestro con 20 años en el magisterio fiscal y que aún tiene un sueldo de $ 800.

Este maestro, que labora en la escuela de educación básica Higinio Malavé, ubicada en la Isla Trinitaria, no dudó en desangrarse como señal de rechazo a lo que considera “un nuevo atropello para el magisterio ecuatoriano”.

Durante una hora los profesores permanecieron con agujas y sondas agarradas de sus venas. Con la sangre que vertía de ella escribieron sobre el papel periódico mensajes como: ‘En defensa de la LOEI’, ‘Seguiremos en lucha’, mientras acompañaban la protesta con consignas como: ‘Esta sangre no puede ser derramada de manera injusta’ , ‘Vamos a recuperar los derechos que nos quitaron’, entre otras.

A la protesta de los profesores se unieron padres de familias y representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), quienes también están de acuerdo en que se levante la suspensión de la vigencia de las reformas a la LOEI.

“Esta ley promueve el sistema de protección a los alumnos de acoso y abuso sexual. No queremos que ningún niño o madre sufran por situaciones como las que se dieron en 2017 cuando estudiantes de varias escuelas del país fueron violados y vulnerados sus derechos”, recordó Carmen Palacio, madre de dos menores en edad escolar, mientras golpeaba una cacerola vacía y gritaba consignas a favor de la vigencia de la Ley de Educación.

Los manifestantes abandonaron los alrededores de la CC, que estaba resguardada por miembros de la Policía Nacional, y emprendieron la marcha de las cacerolas vacías hasta el edificio de la Gobernación del Guayas. Allí realizaron una nueva concentración en donde también se topó el tema de los maestros desvinculados en abril de 2020.

Carlos Mora es uno de los perjudicados. Con 25 años ejerciendo la docencia, bajo un contrato provisional, el maestro fue despedido. “La lucha no es solo por mí, también lo es por los otros 10.000 compañeros que se quedaron sin trabajo”, indica, al recalcar que las reformas a la ley establece la vinculación de los perjudicados.

El 1 de julio realizarán la marcha de las antorchas y el 5 del mismo mes una huelga de hambre.