A la acción de protección que los comerciantes informales presentaron en contra del Municipio de Guayaquil, por su desalojo desde el sector de la Bahía, se suma una denuncia en la Fiscalía Provincial del Guayas.

El colectivo Alianza Radar Social, encabezado por la exdefensora del Pueblo, Zaida Rovira, anunció la presentación de la denuncia por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. “Esta denuncia la presentamos en contra de la alcaldesa Cynthia Viteri, quien se negó a cumplir con la medida cautelar emitida por el Tribunal de Garantías Penales, en la que dispone que se cesen todos los operativos de desalojo a los trabajadores y se les permita trabajar hasta que se resuelva la acción de protección”, manifestó Rovira, quien representa a los informales.

La denuncia fue presentada un día antes de la audiencia pública que se convocó para las 12:30 de este martes 7 de diciembre de 2021, en una de las salas de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil (Albán Borja), dentro de la acción de protección que interpuso el comerciante Tirzo Molina Gando.  Cuatro organizaciones de comerciantes formales de la Bahía presentaron un recurso de amicus curiae (amigo de la Corte) para intervenir en la diligencia.

La demanda cayó por sorteo al tribunal integrado por los jueces José Suárez Chávez, Mónica Abad Mariscal y Tania Monroy Sotomayor, quienes, luego de avocar conocimiento dispusieron como medida cautelar que el Municipio de Guayaquil autorice que los trabajadores autónomos laboren de forma ordenada y segura dentro del perímetro solicitado. Esto es, en las calles: Coronel, Cacique Álvarez, Manabí, Huancavilca y Febres Cordero, hasta que el Cabildo organice la reubicación en los términos requeridos que protejan los derechos de las personas trabajadoras autónomas. Además, que se suspenda todo operativo municipal para desalojar a los informales. Todo, hasta que se resuelva la acción de protección.

“La alcaldesa tenía y tiene la obligación de respetar esta medida cautelar (...) ninguna autoridad administrativa está por encima de la decisión de una autoridad constitucional”, apuntó Rovira en una comunicación virtual.

La audiencia pública se suspendió luego de la exposición de los defensores de las partes involucradas y por el reintegro de uno de los jueces titulares. La diligencia se reinstalará el próximo sábado 11 de diciembre de 2021, para emitir sentencia.

Mientras, unos 350 funcionarios del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (Cuacme) mantienen un control en el cuadrante de las calles Capitán Nájera, Coronel, Franco Dávila y Cacique Álvarez, para evitar aglomeraciones, según explicó el director Jaime Dávalos.