A lo largo de la historia reciente de Guayaquil, la seguridad en espacios públicos ha causado polémicas por su rigurosidad, que va desde no permitir fotos en lugares turísticos hasta evitar presentaciones artísticas sin permiso de las administraciones de lugares como el malecón o Guayarte.

Para el urbanista Luis Alfonso Saltos, este contrato es una oportunidad para que se trabajen estos temas que fueron controversia otrora.

“Los guardias no saben cómo tratar al visitante local y extranjero. Esta es una oportunidad para capacitarlos en eso y en temas de uso del espacio público y medidas de bioseguridad aplicadas”, especifica el experto.

“El contrato es ambiguo. Habla de cuidar la ley, la moral y las buenas costumbres. Eso significa que volvemos al mismo punto de que el derecho al uso del espacio público sea subjetivo”, critica.

También recomienda tener cuidado con las especificaciones del control de protestas, que está garantizado en la constitución.

Giovanni Burneo Lupino, activista del colectivo Espacios Públicos Libres, y quien ha participado en varias agendas en torno a reclamar el derecho ciudadano de usar el área pública, no cree que los guardias serán capacitados.

Considera que lo oportuno sería prepararlos como guías turísticos, además de vigilar que alguien haga algo malo. "Porque hasta ahora lo único que hacen es reprimir a vendedores ambulantes", opina. 

EXPRESO informó este lunes 31 de agosto que 331 sitios administrados por el Municipio de Guayaquil esperan que se adjudiquen cuatro contratos de prestación de servicio de seguridad privada y guardianía, cuyos procesos fueron publicados en el portal de Compras Públicas entre julio y agosto de este 2020. La cifra asciende a 29,7 millones de dólares.