Nadie quiere hacerse cargo de la seguridad en La Bahía

Dos días después del atentado con explosivos que sacudió el corazón comercial de Guayaquil, la Bahía sigue en tensión. Este 5 de junio, los comerciantes —no los directamente afectados— abrieron sus locales, y los visitantes comenzaron a llegar poco a poco. Pero en ambos casos lo hicieron en medio de un escenario que ellos mismos definieron como “catastrófico”: entre la necesidad de trabajar o comprar, y el miedo permanente.

La noche del 3 de junio, como lo detalló EXPRESO, un artefacto explosivo fue detonado en la intersección de las calles Eloy Alfaro y Ayacucho. El estallido causó daños materiales en al menos seis locales. Nadie murió, pero el mensaje fue claro: los extorsionadores siguen operando, y lo hacen con violencia. Al mismo tiempo, no hay autoridad que quiera asumir la seguridad de La Bahía.

Este 5 de junio, la Fiscalía General del Estado anunció que abrió un proceso penal por el delito de terrorismo contra un ciudadano presuntamente implicado en el ataque. El sospechoso fue detenido tras investigaciones de la Policía Nacional y presentado ante un juez, quien ordenó su prisión preventiva. De acuerdo con las autoridades, 24 horas después del atentado, la Policía y las Fuerzas Armadas lograron aprehenderlo en un domicilio ubicado en la Isla Trinitaria, en el sur de la ciudad.

Según la Fiscalía, existen indicios de su participación directa en la detonación.

Pero mientras la justicia da sus primeros pasos, las autoridades mantienen un cruce de señalamientos que deja en evidencia una falta de coordinación institucional que, para muchos guayaquileños, no solo es peligrosa, sino también “vergonzosa”.

“Parecería que a nadie le importa Guayaquil. Todos se lavan las manos”, dijo a EXPRESO Victoria Merino, habitante que vive a escasas cuadras de donde ocurrió el ataque.

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La Bahía bajo fuego político

Y es que, tras el atentado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que el Municipio asumirá la reparación de los módulos afectados, pero recalcó que la seguridad en la zona no es su competencia, sino que recae exclusivamente en el Estado. A esto se opuso la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, asegurando que la seguridad en la Bahía sí es responsabilidad del Municipio, por tratarse de una zona de mercado.

Desde Segura EP, empresa municipal de seguridad, su presidente, Fernando Cornejo, defendió la postura del Cabildo con un argumento legal. Recordó que la Constitución, la sentencia 15-14-IN/20 de la Corte Constitucional y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) establecen que los Gobiernos Autónomos Descentralizados solo colaboran en políticas de seguridad, pero no son responsables principales.

“Decir que la seguridad de La Bahía es competencia municipal es falso y confunde a la ciudadanía. La ley es clara: la Policía Nacional ejecuta la seguridad ciudadana. Afirmar lo contrario demuestra un pobre conocimiento de las responsabilidades institucionales. Por favor, gobernadora, la ley es clara”, le replicó.

Sobre quién tiene la competencia y, más aún, saber si —como demanda la ciudadanía— ha habido algún acercamiento directo entre las autoridades, EXPRESO solicitó, una vez más, una entrevista con la gobernadora. Su equipo de comunicación indicó que la estaban gestionando y que pronto confirmarían día y hora. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no hubo respuesta.

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El ministro del Interior también se pronunció 

Desde Quito, el ministro del Interior, John Reimbirg, también se pronunció. En una entrevista concedida a FM Mundo, confirmó que detrás del atentado hay una estructura criminal identificada, aunque no reveló nombres.

Reimbirg también criticó al Municipio al alegar que no mantiene una postura clara. “Primero dicen que van a dar seguridad. Luego, que pasa esta cosa (el atentado), dicen que es el Estado quien tiene que darla. Están en una línea donde no definen su postura”, cuestionó, al hacer hincapié en que contener a las bandas no basta.

“Contener es fácil: rodear la Bahía uno, dos, tres meses. Pero si no trabajamos la investigación, no desarmamos la estructura. Hacia allá debemos ir”, sentenció.

El ministro también pidió colaboración ciudadana, especialmente a los comerciantes. “No hace falta que vayan a la Fiscalía. Pongan su información en un papel, eso sirve. Hemos dado grandes golpes gracias a eso”, afirmó.

El miedo sigue, el abandono también

Mientras tanto, en la Bahía, el ambiente ayer fue tenso. Los negocios directamente afectados permanecieron cerrados. Los ubicados a pocos metros o cuadras abrieron conforme verificaban la presencia policial y militar, que ayer —a diferencia de otros días— fue notable.

Muchos comerciantes admitieron a EXPRESO que dudaron en abrir, por no sentir garantías para trabajar. Uno de ellos, que prefirió mantener el anonimato, explicó que al final lo hizo porque necesita “comer”.

“Reconozco que trabajar bajo este escenario de guerra es catastrófico. Doloroso. Las autoridades no se están dando cuenta de que, si los ataques continúan, la Bahía se puede perder. Y si se pierde, se pierde parte de la identidad de Guayaquil. Si estoy hoy aquí es porque tengo niños que necesitan estudiar, debo alimentar a mi familia. Pero tengo miedo. Estamos bajo ataque”, advirtió.

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Nuri Enderica, residente del centro, coincidió y exigió a las autoridades trabajar unidas.

“Han pasado ya dos días desde el ataque y aquí todos continúan tirándose la pelotita. La responsabilidad es de todos. El divorcio entre instituciones está dejando huérfana a la ciudad. ¿Es así como dicen amarla?”, cuestionó.

Gabriela Vera, ciudadana guayaquileña, también alzó su voz y exigió a Álvarez, a Rovira y al presidente Daniel Noboa reunirse, dejando todas sus diferencias de lado.

“Es una barbaridad que, en vez de trabajar juntos por la seguridad de un sitio tan emblemático, se tiren la pelota. Pésimo de todos lados. Debería ser prioridad para ambos: el Gobierno y el Municipio”, criticó.

“Mientras ellos pelean, los malos están aterrorizando el país. ¿Quién nos cuida a nosotros?”, les reprochó el comerciante Danilo Peralta, quien trabaja en un edificio cercano a La Bahía y ha optado por no visitar el sector hasta que las cosas se calmen. “No voy a poner mi vida en riesgo”, pensó.

La propuesta de denunciar en secreto choca con la desconfianza ciudadana

Una propuesta que ha cobrado fuerza en medio de este clima de violencia es implementar un sistema de denuncias anónimas, sugerencia planteada por el experto en seguridad Kléber Carrión. Para él, esto permitiría que los ciudadanos reporten extorsiones sin temor a represalias, superando los actuales obstáculos que imponen una Policía y Fiscalía con poca credibilidad y procesos “tortuosos”.

Franklin Coloma, asesor jurídico de la Asociación de Comerciantes Minoristas 6 de Enero de la Bahía, ve con buenos ojos la idea, siempre y cuando exista control. “Que se pueda denunciar de forma anónima seguramente motivará a que más comerciantes lo hagan para que la Unase actúe”, comentó.

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Pero no todos comparten su optimismo. El comerciante Lucho Vásconez desconfía. “El anonimato siempre funcionó, pero ahora el anonimato es muy difícil. El comerciante no hará declaraciones porque ya no existe la garantía. Todas las instituciones están tomadas”, denunció.

Polo Falconí, comerciante con más de 15 años en el sector, coincidió con su colega. “El contingente policial que ha venido ahora es solo una medida temporal. Esto es un problema estructural. Además, aunque las denuncias fueran anónimas, igual se pueden filtrar. No hay confianza en la justicia, ni en la Policía”, expresó.

Falconí incluso aseveró que una familiar suya fue secuestrada en diciembre pasado, en el mismo sector, y desde entonces su percepción es que “la situación empeora cada día”.  

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