Protesta bares escolares
Los integrantes de la asociación de bares escolares protestaron en los exteriores del Distrito Educativo 4.Miguel Canales / EXPRESO

El gremio de bares escolares rechaza el cese de los contratos de funcionamiento

Los integrantes de los negocios realizaron un plantón pacífico

Este martes 28 de marzo, miembros de la Asociación Nacional de Bares Escolares del Ecuador realizaron en un plantón para rechazar la culminación de los contratos de arriendo de los locales de manera unilateral en varios planteles fiscales, por parte de las direcciones distritales.

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La manifestación se desarrolló en la calle 40, entre Venezuela y Portete, suburbio de Guayaquil, donde funciona el distrito educativo Febres Cordero, que tiene a cargo una centena de planteles en los cuales estaría en peligro el funcionamiento de los bares escolares en el nuevo año lectivo, que se inicia el próximo 24 de abril.

Víctor Poveda, presidente del gremio, indicó que el cese de los contratos se da “pese a que desde el Ministerio de Educación se dispuso la renovación automática una vez que las clases sean presenciales en escuelas y colegios públicos”.

Sin embargo, luego de la pandemia la reactivación de los bares escolares quedó en pausa en varios colegios, lo que provocó la proliferación de vendedores informales en las afueras de escuelas y colegios, quienes expenden comida ‘chatarra’ sin ningún tipo de control sanitario, como ha informado EXPRESO en varias ediciones.

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En total, 230 planteles de la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, cuentan con servicio de bar escolar; mientras que en 141 no funcionaron en el ciclo lectivo anterior, debido a que estaban en proceso de contratación en el portal de Compras Públicas.

Poveda se reunió con directivos del Distrito Educativo 4, quienes le prometieron revisar la documentación de los contratos en los próximos cuatro días.

Brayan Castro, integrante del gremio, indicó que se pretende dejar sin trabajo a cientos de personas que viven de la venta en los bares escolares. “Hay que buscar alternativas para que nadie salga afectado”, destacó.

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Los manifestantes tienen el apoyo del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales. Su presidente, Francisco Zambrano, dijo que presentará una denuncia ante la Fiscalía, por considerar que hay una violación del derecho al trabajo, “al no haber sido notificados en los noventa días que establece la Ley de Inquilinato”.