El gerente de la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Durán enfrenta las críticas de la comunidad e intenta explicar la agenda que marca el 2020, si Durán logra conseguir el dinero para el Plan Choque, que busca eficiencia en el servicio de agua potable del cantón.

Ninguna justificación sirve para quien no tiene agua. ¿Qué ha hecho esta administración para mejorar este escenario?

El panorama ha sido complejo en estos dos años. Una de las herencias negativas, por los primeros registros de fallas del proyecto en 2018, fue la ‘grandiosa’ idea de generar vía ordenanza una exoneración de valores durante seis meses. Esto se extendió hasta julio de 2019 y terminó de crucificar la sostenibilidad del servicio. La eficiencia en el abastecimiento la hace el músculo financiero. Y hoy es débil.

¿Pero qué hay de las acciones emprendidas?

Hemos tratado de estabilizar el servicio. Sectores como el Recreo y aledaños empezaron a tener agua 24/7. Regularizamos horarios de distribución de agua, se instalaron protocolos de operación, que no existían. Hicimos, además, un inventario de válvulas. Luego, buscar presupuesto. Con una tarifa del 2006 y una cartera del 40 % es difícil mejorar el servicio. Ahora, sí que es cierto que la pandemia ha ralentizado los procesos. Hemos intentado recuperar el remanente de seis millones del BEDE, para con esos saldos poder hacer algo, pero ha sido un calvario. No sé si por temas políticos. Muy complicado. De allí que hayamos tocado puertas como el BID, la CAF, AFD y Sercobe, de España.

¿Y como Emapad qué se ha hecho?

La recaudación interna no alcanza para invertir, sino solo para pagar costos de operación. Eso hemos hecho. Buscar dinero y sostener el sistema con lo que tenemos.

¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió en la administración de Alexandra Arce?

Hay un presupuesto ejecutado de $ 31 millones. Un análisis reciente nos hizo concluir que apenas se cumplió el 9 % del objetivo del proyecto. Y eso es lamentable.

¿En qué falló?

Hay cosas que Contraloría no contempla en su informe y es la firma de un contrato con alcance diferente. Arce falla en el cálculo del alcance. El Banco del Estado dio el dinero a un alcance diferente de lo ya estipulado. ¿Cómo se hace un cambio de este tipo sin que se observe y se resalte en el examen de Contraloría?

¿Tomarán alguna medida en torno al tratamiento del proyecto de Arce?

Emapad tiene impactos económicos, pero no firmó los contratos. Lo hizo la Alcaldía de Arce. Entiendo que el alcalde sigue el caso.