Derrame en el estero Salado: estas son las sanciones y lo revelado hasta el momento
Hay sanciones por contaminación. Ministerio activó plan de emergencia y denunció el hecho. Ecotec toma sus muestras
El derrame de aceite quemado y grasas en un ramal de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, en Guayaquil, registrado desde el 1 de junio de 2025, ha desencadenado una serie de acciones legales y de remediación.
El protocolo de Ambiente y acciones legales emprendidas
Mientras la comunidad y organizaciones expresan su preocupación por el impacto en este ecosistema frágil, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) ha delineado su respuesta oficial, y la Universidad Ecotec, directamente afectada, redobla sus esfuerzos e investigaciones.
El MAATE, a través de su Dirección Zonal 5, informó haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos contra la flora y fauna silvestres. Según el comunicado oficial emitido por la cartera de Estado, liderada por la ministra María Luisa Cruz, se activó de forma inmediata un Plan de Acción tras el incidente.
Este plan incluye la activación del Fondo de Emergencia del Fondo de Áreas Protegidas (FAP) para financiar "acciones urgentes de limpieza, contención, remediación y seguimiento técnico". Además, contempla la movilización temporal de guardaparques y técnicos especializados de otras áreas protegidas y la solicitud de apoyo al Ministerio de Energía y Minas para canalizar asistencia técnica, logística y operativa a través de operadoras del sector hidrocarburífero. El MAATE también dispuso la implementación de un monitoreo técnico permanente para evaluar la evolución de los impactos.
Sin embargo, no detallaron el monto específico que se les iba a destinar, ni dieron nombres de un presunto responsable.
La Agencia de Regulación y Control del Agua tomó muestras de agua, cuyos resultados para el análisis de aceite quemado y grasas se esperan en ocho días.
La academia emprendió acciones propias
Para la Universidad Ecotec, cuyo campus en la Av. Juan Tanca Marengo colinda con el ramal afectado, este derrame representa un duro golpe, pero también un renovado desafío. Gilda Alcívar, decana de dicho campus, reafirmó el compromiso de la institución con el estero que los vio nacer. "El primer gran compromiso es continuar un proceso de descontaminación que no sea invasiva, que no introduzca químicos, y esto se llama biorremediación, a través de la investigación", señaló Alcívar.
La universidad, que ya venía desarrollando un proyecto de biorremediación con avances visibles en la restauración del ecosistema local y el retorno de especies, ahora levanta sus propias muestras para análisis y conclusiones.
“Por supuesto, esto retrasa nuestro proyecto. Ya lo teníamos ecorrestaurado. No se percibían malos olores en la universidad; había más aves y más especies repobladas. No sabemos cuánto tiempo tomará regresarlo al punto en que lo teníamos, pero lo vamos a recuperar”, expresó con optimismo Kelvin Sanoja, investigador de la Ecotec.
Gilda Alcívar considera que la contingencia en su proyecto de investigación también "representa un desafío para poder solucionarlo y, a su vez, para poder crear más conciencia ambiental en la ciudadanía, que no sea solamente un tema de la universidad, sino que la universidad sea la abanderada hacia la sociedad civil". La decana también anunció próximos convenios con el Ministerio de Ambiente para amplificar la misión de conservación en el Salado.
Análisis legal de este caso
Desde la perspectiva legal, la abogada María José Molineros, experta ambiental, explica que el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 251, sanciona con 3 a 5 años de prisión la contaminación de agua. Adicionalmente, el Código del Ambiente prevé multas administrativas por afectar ecosistemas frágiles como la Reserva Manglares El Salado.
Sin embargo, aplicar estas sanciones exige una investigación eficiente, dada la rapidez y clandestinidad con la que suelen ocurrir estos delitos. Molineros recalca la urgencia de una intervención coordinada y dinámica que involucre a autoridades, investigadores y especialistas, y alerta sobre la baja estadística de delitos ambientales procesados en la Judicatura, pese a su alarmante frecuencia.
Para mejorar la respuesta institucional, la experta sugiere más que legislar sanciones que no se ejecutan. Propone “descentralizar la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente de Fiscalía e implementar fiscalías especializadas cantonales” para un mayor dinamismo en las investigaciones. Considera vital también la asignación de recursos para la Unidad de Protección del Medio Ambiente, la formación de peritos en biodiversidad y la capacitación continua a operadores de justicia. Estas medidas, a su criterio, son urgentes para cambiar el paradigma de la gestión ambiental en el país.