Han elegido más secretarios que autoridades. Al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y fuera de este organismo, hay preocupación por los tiempos que se está tomando para desarrollar los concursos de designación de autoridades. Ya se produjo la primera prórroga y se teme que vengan más.

Hace nueve días debía darse la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Dos de los cinco consejeros titulares y dos suplentes debieron ser reemplazados, pero recién el 9 de noviembre pasado el CPCCS aprobó la convocatoria para conformar la comisión ciudadana que se encargará del proceso. Las postulaciones se receptarán hasta mañana.

Mientras tanto, el CNE entró desde el 20 de noviembre en funciones prorrogadas por una resolución adoptada por la mayoría en Participación y avalada por la Procuraduría General del Estado. El concurso podría tomar no menos de seis meses y para abril, a más tardar, el país entrará en año electoral por las seccionales de 2023.

Al consejero Francisco Bravo le preocupa que otra autoridad se esté perfilando para una “prórroga indefinida”. Al pleno del CPCCS le recordó que el 29 de septiembre pasado se aprobó una resolución para que el área jurídica elabore una propuesta de reglamento para la elección del nuevo y definitivo defensor del Pueblo, en reemplazo del destituido y sentenciado Freddy Carrión.

Han pasado dos meses y el documento no ha llegado al pleno. Desde el área correspondiente se respondió a Bravo que por los múltiples requerimientos del organismo se hace complejo atender todo a la vez, pero que la propuesta para este tema específico está lista y que, a más tardar, el miércoles será enviada para el conocimiento de los consejeros.

Se estima que, en promedio, los concursos toman siete meses hasta llegar a su culminación. En marzo de 2022 debería producirse la designación del nuevo titular de la Contraloría General del Estado, cargo para el que fue posesionado Carlos Pólit en 2017 y que tras su destitución ocupó Pablo Celi y que ahora tiene a Carlos Riofrío como subrogante.

En este proceso, la semana pasada el Consejo de Participación decidió ampliar el plazo hasta el 1 de diciembre para que las cinco funciones del Estado completen la documentación de respaldo de los delegados para conformar la Comisión Ciudadana de Selección.

¿Qué más está en cola? Algo más avanzado está el concurso para la selección del defensor público. El CPCCS aprobó el informe de calificación de méritos de los postulantes admitidos para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Sin embargo, la Defensoría Pública tiene a Ángel Machuca como titular encargado por tres años. Su designación ‘temporal’ fue decidida por el transitorio.

Es decir, pasaron las administraciones de Carlos Tuárez y Christian Cruz y un año de la presidencia de Sofía Almeida para que se dé impulso a esta nominación.

Igual tiempo de prórroga tienen los integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), entidad que nació tras la aprobación en 2009 de la Ley Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria. En 2014 fueron posesionados sus nueve integrantes, pero al poco tiempo renunciaron dos y desde entonces está incompleta.

En 2018 debían ser reemplazados, pero ante la falta de concurso los que quedaron decidieron prorrogarse para no dejar en acefalía al organismo. El proceso de designación también camina lento : en enero de este año se aprobó el reglamento del concurso y la última acción se produjo en octubre, cuando se acreditó a la veeduría que dará seguimiento al proceso respectivo.