“Queremos que condonen las deudas, pero sin más trabas de las que ya ponen”, es el pedido del guayaquileño Colón Aguayo y cientos de jóvenes que han accedido a créditos educativos, con la esperanza de tener una mejor educación, pero que ahora están ahogados en deudas por los intereses que han acumulado al no pagar a tiempo.

En el informe para el segundo debate del proyecto de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo, el cual fue aprobado este 19 de diciembre, una de sus cláusulas detalla el manejo de la condonación de deudas de los acreedores de créditos educativos por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Allí se especifica que se aplicará la remisión de los intereses y multas a quienes deseen. Una vez iniciado el proceso, el ciudadano tendrá 12 meses de gracia y 150 días adicionales para pagar el 50 % del capital. Pero a decir de representantes y los deudores, les será imposible cumplir ese plazo.

Cuando se presentó el proyecto, la esperanza volvió a ellos por un momento, pues proyectos similares ya habían sido negados en ocasiones pasadas. Sin embargo, sus expectativas fueron destrozadas con esta cláusula, pese a su aprobación.

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Carlos Jaramillo, representante de la agrupación de afectados, está de acuerdo con la remisión y revisión de la deuda, y el condonarla a quien tenga algún tipo de discapacidad.

Pero ve imprudente el gran porcentaje a pagar en el plazo que especifica el proyecto, y considera que es complicado de realizarse.

“Te dan 12 meses de gracia una vez que inicias el pedido para que se vayan las multas e intereses y solo debas pagar el capital, pero con un plazo de 150 días para pagar el 50 % de este valor. Eso es imposible sin dejar un fuerte golpe al bolsillo de los acreedores. No parece un tiempo adecuado para permitirnos solventar la deuda”, argumenta.

El dirigente asegura que implementar esta parte del proyecto sería ‘matarlos’ en materia económica, más de lo que ya están.

Para los deudores, este punto se ha convertido en una nueva preocupación, pues para ellos es como dar un paso adelante y dos atrás.

El guayaquileño Colón Aguayo, quien estudió en la Universidad Católica y es otro de los afectados por los grandes intereses, actualmente tiene una deuda superior a los 17 mil dólares.

“Honestamente, con todo lo que se debe gastar en mi casa, con lo que gano en mi trabajo y mis dos padres que son jubilados, manejar este valor sin quedarnos con fondos insuficientes para el día a día es tarea imposible”, dice Aguayo.

Este joven se ha topado con varios muros tras el aumento gradual del monto original del crédito que pidió: afectaciones en la salud de sus padres, la inestabilidad económica y las pocas plazas de trabajo en el país.

Asimismo, Karen Calle, que debe 38 mil dólares. Con ayuda de su madre, Teresa Anda, ha manejado su caso. Están llenos de problemas, pues la falta de trabajo y la enfermedad que adquirió su padre los imposibilitan de pagar de la manera que la cláusula aprobada propone.

“Y aunque no tuviera nada mi esposo, sería igual de difícil, porque nuestro capital era de 24 mil. Pagar 12 mil en ese lapso es impensable, mucho menos posible para dos jubilados y una chica sin un gran sueldo”, reclama Anda.

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En el caso del guayaquileño Sebastián Encalada, él se vio endeudado con 26 mil dólares. Después de varias trabas y malas experiencias con los abogados de la Senescyt, se vio obligado a pagar el monto completo, con intereses y todo, para no tener que hipotecar su casa, como le recomendó uno de los abogados del ente.

No obstante, pese a que no es una medida que le genera felicidad en su totalidad, para Freddy Borja, que debe más de 20 mil dólares a esa institución, esta opción es una escapatoria a su problema, aunque esto signifique quedarse otra vez endeudado, pero con más facilidades de pago, asegura.

“No es lo mejor pagar el 50 por ciento del capital en ese plazo, para muchos simplemente es imposible. Si no tuviera mi empleo actual estaría en las mismas (circunstancias), pero en el banco donde trabajo puedo pedir un crédito y tener un mejor trato para hacer el pago”, estima Borja.

Para él, las condiciones que le imponían eran imposibles, al tener que presentar un garante, algo a los que pocos están dispuestos en estos casos, y por las grandes cuotas que le pedían pagar mes a mes.

Para expertos en educación, esta medida aún presenta falencias, pues el plazo y exigencias planteados no son los idóneos para quienes han buscado un mejor desarrollo educativo.

Según Galo Cabanilla, exrector y actual canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, el camino a tomar tuvo que ser el facilitar métodos, tiempos y formas de pago.

“Esto es algo que aplican los países desarrollados y que deberíamos imitar, no alejarnos más. En especial, las instituciones deberían saber cobrar cuando el deudor tiene un empleo estable y con ingresos suficientes para subsistir”, advierte Cabanilla.

Asimismo Ivo Orellana, ex director provincial de Educación del Guayas, asevera que la solución “es un proceso de mediación adecuado, para que los beneficiarios en aquel entonces puedan pagar lo que deben de forma que su economía no se trunque y puedan mantenerse al día con sus pagos”.

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