Un bien patrimonial es una creación humana material (mueble o inmueble) representativa de una época, que tiene una importancia histórica, artística, simbólica o científica, y que es el soporte de la memoria social o colectiva de los pueblos para la construcción y fortalecimiento de su identidad y la interculturalidad. Estos bienes forman parte del patrimonio cultural del Estado, ya sea por mandato de ley o por acto administrativo de declaratoria.

El cuidado y protección del patrimonio cultural requieren la articulación de todos los actores públicos y privados del país: instituciones públicas, el marco de sus competencias, así como organizaciones naturales o jurídicas de orden privado, y la ciudadanía en general, gozan de derechos culturales, pero también de las obligaciones que eso conlleva.

La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Cultura establecen responsabilidades y obligaciones de gestión y protección del patrimonio cultural en los diferentes niveles de gobierno (ente rector de la Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos del país), de acuerdo a sus competencias y circunscripciones administrativas; y así también establece las responsabilidades de los y las ciudadanas, especialmente de los propietarios de bienes inmuebles, en el cuidado y protección de sus bienes patrimoniales.

La articulación permanente entre los ciudadanos poseedores de bienes patrimoniales, con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal que le corresponda, en marco de sus competencias, es necesaria para implementar acciones concretas de protección, conservación y recuperación de los bienes patrimoniales; esto con el conocimiento, autorización y acompañamiento técnico previo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y del Ministerio de Cultura y así ejecutar las acciones de manera técnica y responsable que se orienten al cuidado y a la protección de un bien patrimonial en contextos de riesgo por desastres naturales o por acciones humanas. 

En el año 2015, el Consejo Nacional transfirió la competencia específica para “preservar y difundir patrimonio”.

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