“No estamos de acuerdo con la ampliación de 30 años”: prefecto del Guayas revisa concesiones viales

El prefecto del Guayas, Carlos Encalada, aseguró la tarde de este 9 de junio que su administración revisa la ampliación por 30 años de los contratos de concesión vial otorgados a las empresas Conorte S.A. y Concegua S.A., una medida aprobada durante la gestión de la ex prefecta Marcela Aguiñaga.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Encalada señaló que la prioridad de su administración será defender los intereses de la provincia y evaluar cuidadosamente las condiciones de estos acuerdos.

“No estamos de acuerdo con un contrato de ampliación de 30 años. Lo estamos revisando con nuestro equipo técnico y legal, claramente, todas las letras pequeñas de este contrato”, manifestó.

El prefecto añadió que la actual administración trabaja de forma coordinada con todas las autoridades, sin distinciones políticas. “Realmente, nosotros trabajamos con todas las autoridades de turno. Estamos solo con la bandera de Guayas”, expresó.

Asimismo, enfatizó que cualquier decisión se tomará pensando en el beneficio de la provincia. “La idea va a ser siempre trabajar por el bien del Guayas”, concluyó.

La decisión adoptada durante la administración de Marcela Aguiñaga

Las declaraciones de Encalada se producen semanas después de que Marcela Aguiñaga dejara la Prefectura del Guayas, el pasado 14 de mayo.

Durante su gestión, la Prefectura aprobó la ampliación por 30 años de las concesiones viales administradas por Conorte S.A. y Concegua S.A., lo que extendió la vigencia de ambos contratos hasta el año 2054.

La medida provocó cuestionamientos por parte del Gobierno Central, que solicitó a la Contraloría General del Estado una auditoría para verificar la legalidad de la decisión.

Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), la modificación contractual habría sido ejecutada sin el conocimiento previo de esa cartera de Estado y representaría un cambio sustancial en las condiciones originales de explotación de las vías concesionadas.

La defensa de la administración anterior

La administración de Aguiñaga defendió la ampliación argumentando que se trató de una medida necesaria para cumplir con un proceso de Restablecimiento Económico Financiero (REEF 7).

De acuerdo con la Prefectura, existía una deuda acumulada de 516 millones de dólares con las concesionarias, distribuida en 323 millones para Conorte y 193 millones para Concegua.

Las autoridades provinciales sostuvieron que existían tres mecanismos para compensar ese monto: aumentar los peajes, realizar un pago directo desde el presupuesto provincial o extender el plazo de concesión. Finalmente, se optó por la tercera alternativa.

Además, la entidad aseguró que la renegociación incluyó compromisos de inversión por 111 millones de dólares para obras de ampliación vial y la restitución del cobro del 4 % de los ingresos mensuales de las concesionarias para labores de fiscalización.