“Somos conscientes de las amenazas recibidas y temo por mi vida, la de mi familia y la de cada uno de los concejales. Sabemos que esto está sucediendo en la mayoría de las alcaldías electas y esta mesa es para buscar solución a este problema”, fueron las expresiones del alcalde de Playas, Gabriel Balladares, durante la mesa de Seguridad que se desarrolló al caer la tarde el pasado 18 de mayo, entre la Judicatura y los alcaldes de la provincia del Guayas, en Guayaquil.

Durante el encuentro Balladares, quien tras la muerte al estilo sicariato del empresario Eduardo Freire en el estacionamiento del Cabildo, fue amenazado; pidió más seguridad para Playas, que solo cuenta con 80 policías para proteger a más de 60.000 habitantes.

Mientras tanto, en la entidad se ha extremado la seguridad. Se han colocado cámaras de vigilancia y en los tres pisos del edificio, hay guardias de seguridad privada. Motorizados de la Policía, a la vez dan vueltas, en los alrededores de la edificación. Sin embargo entre la población prevalece el miedo. Ya no saben qué hacer.

Hasta el cierre de esta edición, el alcalde resguardado por la Policía y los guardias privados hacía un recorrido para verificar qué obras quedaron inconclusas en la administración anterior.

La atención a los contribuyentes, como publicó ayer este Diario, se retomará el lunes.

En la reunión llevada a cabo en el Puerto Principal, el gobernador del Guayas, Francesco Tabacchi, anunció que este mes llegarán a los cantones un nuevo contingente de 1.800 uniformados, que serán repartidos entre los cantones con mayor incidencia delincuencial.

En el mismo sentido, los representantes del Consejo de la Judicatura se comprometieron a revisar la actuación de algunos jueces en casos de delincuencia organizada.