El dolor que causó el acto de irresponsabilidad cometido por José Ignacio Zambrano Cabrera, quien condujo el pasado domingo el vehículo con el que arrolló a tres miembros de una misma familia en vía a la costa estando alcoholizado (la prueba indicó que tenía 2,8 grados de alcohol en la sangre, casi diez veces más de lo permitido), se suma a la indignación y a la crítica de tratar de entender por qué las autoridades de tránsito permitían aún rodar a un vehículo que registraba 14 multas. Siete de ellas por exceso de velocidad.

“Con tantas sanciones, el auto debió estar ya guardado. Que haya estado aún en la calle evidencia lo blandas que son nuestras leyes y autoridades, que permiten que con solo pagar, detrás de un volante esté así sea un maniático. En lo que pasó ayer, ellos también tienen la culpa. Es como lo que pasa en los juzgados: dejan libre al infractor, cualquiera que sea, si paga su fianza, y así lo hacen las veces que sea necesario. Somos parte de una sociedad corrupta. Hoy culpo también al sistema”, manifestó el ciclista Sebastián Galindo, quien reside en vía a la costa, a escasos metros de donde perdieron la vida Bosquito de Jesús Mora y sus dos nietos.

Aunque el automotor de marca Chevrolet Sail con placa GSZ-7625, de color concho de vino, le pertenece según los registros a una mujer (con la que EXPRESO ha buscado, sin suerte, contactarse), para la ciudadanía, el simple hecho de que el carro tenga tantas contravenciones debió encender todas las alertas y generar una reacción definitiva, a tiempo.

Con respecto a quien aparece como propietaria de la unidad, este Diario la contactó para preguntarle qué relación tiene con Zambrano Carrera, si era un familiar o un amigo al que le prestó el auto, o si era la persona que se lo alquilaba para que, por ejemplo, funcione como taxi; y de ser así, desde cuándo. Sin embargo, no hubo contestación a nada.

Para los abogados, que como el resto sienten indignación ante lo ocurrido y hablan de la necesidad de invertir en equipos tecnológicos que faciliten el control en las calles (ver subnota), urge que la penalidad en torno a lo que pasa en las vías no sea solo financiera, sino que recaiga sobre los bienes cuyo historial evidencia irresponsabilidad, como en el caso de vía a la costa, para tratar de generar un cambio de consciencia vial, así sea inicialmente forzado.

Jhon Vásconez Erráez es abogado especialista en tránsito y, a su juicio, debe existir ya una ley dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que permita retener los vehículos que tienen en su historial múltiples contravenciones.

“Administrativamente se supone que la ley sanciona con el bolsillo. Sin embargo, es verdad que uno cancela la infracción y sigue manejando y ya. Incluso si uno pierde los 30 puntos en la licencia permitidos para conducir, puede más adelante recuperarlos... Por lo tanto, si es válida una reforma. Lamentablemente, en estos momentos nos encontramos sin una Asamblea Nacional que pueda realizar una ley que tipifique el hecho. No tenemos ni hemos tenido una Asamblea preventiva y esa es otra falencia”, sostuvo Vásconez, al hacer hincapié en que una sociedad no se puede regir por normas que en el pasado funcionaron, puesto que así como una comunidad cambia, los delitos también.

Para el abogado y catedrático Samuel Balladares, las reformas deben apuntar hacia esa penalidad y no necesariamente hacia quien esté detrás del volante, puesto que ya existen las suficientes leyes que así lo disponen y pese a ello las tragedias continúan.

“Hay transgresores que pagan incluso con cárcel, pero la falta de consciencia ciudadana hace que el problema se repita, pasando por alto el luto que causan en decenas de familias. Quizás si la sanción recae sobre el auto y este queda retenido en un canchón, el automovilista piense más antes de actuar. Y es que si el conductor es taxista, ¿con qué herramienta luego trabaja? O si lo utiliza para movilizar a todos los miembros de su familia, cada uno deberá gastar luego en taxi y habrá un gasto macro. Pensará en las secuelas. Lastimosamente, sólo ahí lo hará”, analizó.

Para Carlos Anchundia, también abogado, existe sin embargo una disposición que lograría todavía más efectos, y consiste en cambiar el hecho de que los accidentes de tránsito son de tipo culposo.

“Lo que funcionaría es que lo sean, sí, a excepción de cuando quien maneja ha ingerido alcohol o se encuentra en estado de intoxicación por drogas. En estos casos deberían ser catalogados de dolosos, lo que implicaría que sean sancionados con todo el rigor de la ley y tengan, a la vez, que pasar más tiempo en la cárcel y que no tengan la opción de defenderse en libertad. Eso sí que podría invitarlos a pensar antes de sentarse frente al volante”, sugirió Anchundia, quien como Vásconez apunta a que es primordial que el Estado invierta en campañas de educación vial, que desde la escuela enseñen cómo y por qué se debe conducir de la manera correcta.

“Hoy si un individuo está alcoholizado, maneja y ya. Pues bueno, las campañas, múltiples campañas, deben incentivar a que cuando seamos testigos de ello, no lo permitamos, les quitemos las llaves, hagamos lo que sea para intentar tenerlo a él, a ella y al resto de personas que puedan atravesársele en el camino, con vida. No es difícil, pero hay que recordarlo hasta que esa idea se vuelva parte de nosotros”, planteó Vásconez.

• El control en las vías, una falencia que debe ser atendida con urgencia

Para el abogado Jhon Vásconez, no puede ser posible que en una arteria tan transitada como vía a la costa, no se vea a agentes de tránsito que hagan sus recorridos en moto y estén monitoreando la ruta cada cierta distancia.

“De José Ignacio Zambrano Cabrera, el conductor que atropelló a la familia en esa arteria, sé que iba hasta a 150 kilómetros por hora porque así incluso sus redes sociales lo mostraban. Lo que él hizo lo pueden y de hecho lo hacen otros, pero como consta solo en un video y no en una cámara ubicada en las vías, todo queda en impunidad. De allí que urge que se coloquen cámaras de seguridad, pero una tras otra. No necesitamos más radares, sino cámaras”, indicó. Y sugirió que estas, de adquirirlas la ciudad, deberían estar integradas a la Policía, ECU-911, ATM y CTE, para que de acuerdo con la sanción se intervenga en flagrancia.

“Solo así las multas llegarán una tras otra y habrá forma de que el conductor, así sea porque ve afectado su bolsillo, decida ya manejar de forma prudente. Hoy, ante la falta de vigilancia, los ciudadanos bajan la velocidad solo cuando saben que hay un radar, pero al pasarlo vuelven a hacer de cualquier calle una autopista”, sentenció.